El diseño de políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de la población necesita la mejor información posible acerca de su composición y características. Es con un diagnóstico, lo más certero posible, que pueden hacerse los énfasis y correctivos necesarios para aumentar la calidad de vida de todos y todas las venezolanas, garantizando los derechos establecidos en la Constitución. Este es el espíritu que guía al XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, que acaba de iniciar su recolección de datos el pasado 1 de septiembre.
Todos los científicos sociales saben que en los censos existe un margen de error debido a la reticencia de la gente en revelar algunos datos que considera sensibles, como por ejemplo, el monto de sus ingresos. Dada las reacciones y debates suscitados en los últimos días, pareciera que este margen de error será mayor al habitual, debido a la polarización existente en el país. Si bien es cierto que hay algunos actores políticos no estatales que intentarán capitalizar cualquier flanco débil, real o ficticio, que emane del Ejecutivo, tampoco es menos cierto que el gobierno del presidente Chávez ha promovido iniciativas que han utilizado la información de la ciudadanía para aplicar la exclusión y la segregación por razones políticas. Así que como afirmamos que las motivaciones del Censo son necesarias e imprescindibles, también debemos decir que los temores de las personas sobre el mismo están fundamentados. Las listas Tascón y Maisanta, el control de los empleados públicos para su asistencia a eventos proselitistas y, más recientemente, las conversaciones telefónicas privadas difundidas impunemente por el canal estatal son algunas de las posibles razones para la desconfianza ciudadana sobre el destino y privacidad de los datos. Por otro lado la arbitrariedad e improvisación a la hora de tomar decisiones oficiales, saltando todos los canales institucionales por los cuales dichas iniciativas eran perfectamente posibles, lo que hace es aumentar el desconcierto y la sensación de que no existen reglas de juego claras y democráticas.
Como lo técnico no está divorciado del contexto en que se genera, esta situación debió ser prevista por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La confianza no se decreta, ni los consensos se construyen propagandísticamente de la noche a la mañana. El debate afirma que la información sobre el Censo ha sido tardía, y su campaña de promoción ha jerarquizado el uso de medios estatales.
A los temores sobre el uso de la data se suman los relacionados a la seguridad ciudadana. En los censos anteriores, realizados en día domingo, los empadronadores entraban a los hogares para recopilar los datos. La campaña publicitaria del censo invitaba a la colectividad a abrirle las puertas y suministrar las respuestas.
Incluso, a ofrecerles café. Ahora, la violencia urbana ha generado una nueva variable. La gente expresa su temor a que se haga un inventario imaginario de sus posesiones, y que esa información sea del conocimiento de antisociales. Los miedos hubieran podido reducirse si la planificación hubiera incorporado una publicidad masiva del censo realizada por vocero/as que la gente perciba como respetables, confiables y no polarizados.
Esta situación debe motivar a la reflexión gubernamental para aplicar, en el futuro, las medidas que permitan el mayor consenso posible a la hora de ejecutar políticas que necesiten del concurso de todos y todas. No se puede ejercer el poder de manera arbitraria y segregadora, pensando que ello no tendrá consecuencias. Todos los temas álgidos del país, empezando por la propia inseguridad ciudadana o el déficit habitacional, necesitan del mayor acuerdo nacional para implementar las propuestas consensuadas como posibles soluciones. No solamente es suficiente que las políticas tengan buenas intenciones o que sean las técnicamente correctas.
Además, deben contar con el respaldo de la mayor parte de la población posible, lo cual es plausible si la mayor cantidad de actores participan en su creación, diseño, realización y fiscalización. Esto si se quiere hacer valer las nociones de participación y protagonismo presentes en la Carta Magna. La generación de confianzas e interlocuciones, imprescindibles en la vida democrática, son producto de medidas que contrarresten todos los posibles ruidos al diálogo plural y la confrontación de ideas y propuestas. Una de ellas es castigar las violaciones al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, artículo 48 de la Constitución, lo cual sugeriría a los ciudadanos que el Estado no especula con las informaciones privadas fuera de los parámetros establecidos por las leyes.
Con humildad, el Ejecutivo debería reconocer que tiene una gran cuota de responsabilidad en la desconfianza popular en el uso que hace de las informaciones sensibles de la ciudadanía, y aprovechar la situación generada por el censo como una oportunidad para evaluar los aspectos que deben ser evaluados y corregidos en lo inmediato. Nada menos que el disfrute de los derechos humanos, sin ninguna exclusión y discriminación posible, depende de ello.
