En el ámbito de los medios del chavismo, salvo excepciones como es el caso de Aporrea, se ha logrado invisibilizar a las voces críticas, bajo el mismo esquema que operó en la revolución cubana: hacer las críticas en público le hace el juego al enemigo, y el proceso está en permanente riesgo.
En los espacios oficiales de radio y televisión prevalece, en el peor sentido, un pensamiento único que se ha consolidado con el pasar de los años y que tiene expresiones como la censura que le aplican a las voces oficiales cuando osan cuestionar, tal ha sido el caso en diversos momentos de Patria Para Todos (PPT) o del Partido Comunista de Venezuela.
Por otro lado se ha fundido el rol del comunicador- entrevistador con el del dirigente oficialista, así están los casos de la periodista devenida en vocera del partido de gobierno, Vanessa Davies, o del dirigente partidista que pasa a la cancha comunicacional, como lo es Aristóbulo Iztúriz.
Un caso y otro hablan de cómo se sobreponen los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a los intereses de la nación, que legítimamente debería representar el canal Venezolana de Televisión (VTV).
Esta fusión de figuras con cargos simultáneos en una y otra cancha, lleva a intencionales confusiones: ¿cuándo habla el líder del partido y cuándo lo hace el conductor del espacio televisivo? A fin de cuentas el resultado es el mismo: VTV es el canal de la dirección del PSUV, y en esa medida asfixia la diversidad de puntos de vista que actúan dentro del proyecto político chavista.
El resultado en la pantalla pública se ha logrado de forma menos traumática. El modelo, además, se ha reproducido en decenas de expresiones radiales, televisivas, impresas y/o digitales.
El comandante-presidente habla, y el resto, sean ministros o militantes de base, escucha. No hay espacio para el cuestionamiento o la crítica, salvo cuando la hace el propio jefe de Estado.
En materia de medios privados, entretanto, la historia ha sido más compleja. El gobierno efectivamente no desea que se le critique o cuestione en el espacio mediático, e incluso el presidente Chávez cree que una baja en su popularidad no se debe a su propia inoperancia en la gestión pública, sino que se le achaca a las campañas mediáticas que le desacreditan.
Para lograr el objetivo final, que no es la estatización absoluta del espacio mediático (como ocurrió tempranamente en Cuba), sino doblegar a los medios independientes y críticos, se han puesto en marcha varios mecanismos.
El más obvio es el cierre, pero este tiene consecuencias políticas, especialmente en el orden internacional, que a veces son difíciles de manejar por el gobierno.
El doble black out que se impuso sobre RCTV es una clara demostración de ello. El cierre de las 34 estaciones de radio y televisión en julio pasado levantó la protesta hasta de entidades como la Unesco, que más bien han optado por tener un bajo perfil ante las actuaciones del gobierno venezolano.
El cierre, entonces, se ha jugado como una carta emblemática, pues no sólo ha marcado al gobierno ante la opinión pública internacional, sino que dichas decisiones también terminaron teniendo un peso simbólico para el conjunto del ecosistema de medios: el gobierno puede llegar al punto de cerrar un medio, mejor modero mi línea editorial para sobrevivir, parece haber sido el mensaje que entendieron decenas de radiodifusores y algunos propietarios de plantas de televisión de envergadura.
Decíamos al inicio que el vaivén del péndulo ha jugado entre el cierre y la asfixia, en materia de medios en Venezuela durante estos largos años que hemos denominado «la Era Chávez».
La asfixia, al contrario del cierre, que termina siendo un asunto público y notorio, opera de forma más sutil y con efectos realmente perversos. Veamos por ejemplo lo que viene ocurriendo en el campo de la asignación de publicidad oficial.
En varios países de América Latina se ha venido avanzando hacia mecanismos que hagan transparente la entrega de fondos públicos y por tanto de todos los ciudadanos para publicitar la obra de un gobierno.
En general prevalece la idea de que no hay una obligación oficial en otorgar publicidad oficial a todos los medios, pero al mismo tiempo al ser un bien público no se puede usar el mismo para discriminar, por razones políticas, por ejemplo.
Justamente en sentido contrario a lo que se discute en la región actúa el gobierno de Hugo Chávez.
No sólo discrimina políticamente, sino que lo dice sin tapujos: no le damos avisos a los medios golpistas, bramó por ejemplo un ex viceministro del Minci.
La discriminación con publicidad oficial que se aplica en Venezuela tiene efectos muy negativos, porque además en nuestro país el Estado es el principal anunciante.
En los últimos años creció el aparato oficial al sumar empresas de todo tipo, bancos, etcétera, y al mismo tiempo fueron desapareciendo importantes empresas que otrora anunciaban de forma masiva en los medios privados.
La asfixia se amplío este año con el asunto del papel para imprimir los periódicos, que fue sacado de la lista de dólares preferenciales, lo cual constituye un duro golpe para las finanzas de los impresos, sector en el cual por cierto- han perdurado las posiciones críticas a lo largo del tiempo, sin tantos vaivenes como se han detectado en la radio y/o televisión.
