Durante los últimos años todas las encuestas coinciden en señalar a la inseguridad ciudadana como principal problema de los venezolanos y venezolanas. Las estadísticas en materia de homicidios, secuestros, hurtos y robos indican que estamos ante una situación muy compleja que debe abordarse con seriedad, y que en el caso del estado Bolívar Guayana ha impactado, entre otras aristas, en su gran cantidad de trabajadores del volante y sindicalistas asesinados. Abandonando la estrategia de la negación, o las explicaciones conspiranóicas, algunos voceros del Ejecutivo Nacional comienzan a reconocer el problema y a plantear elementos para su diagnóstico, necesario para diseñar cualquier política que aspire a revertir la situación.
El pasado 18 de agosto, en lo que ha sido su tratamiento más abierto sobre la violencia, el presidente Chávez sostuvo la tesis de que la delincuencia era producto del contexto y cultura de pobreza en la que crecen las personas, por lo que proyectó un período de 20 años para acabar con el flagelo, tiempo en que una generación crecería bajo el estímulo positivo de sus medidas sociales. La relación marginalidad conductas antisociales es compartida por varias corrientes académicas, emparentadas con el pensamiento roussoniano que postulaba que el hombre -y la mujer- eran buenos por naturaleza y eran las instituciones quienes modelaban su conducta. En la acera de enfrente se ubicó el contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, quien en su discurso de entrega del informe de gestión 2009, realizado el 10 de agosto en la Asamblea Nacional, afirmó que “no podemos continuar manteniendo la tesis de que la inseguridad y la delincuencia en nuestro país se deba a la pobreza, a la exclusión social, a las necesidades que grandes contingentes de marginados podrían tener de encontrar como fuese, aun al precio de sus vidas, del crimen y el robo, el pan que deben llevar a la casa”, proponiendo la creación de una Misión especial, un aumento de penas como elemento disuasivo y la activación de lo que denominó “vigilancia comunal”. Este debate, que aún no ha sido abordado con la rigurosidad y seriedad necesaria, debe incorporar a todos los sectores. Ello implica convocar a los gobernadores y alcaldes de las más variadas tendencias políticas; a los representantes de los poderes Públicos; a los empresarios que simpatizan o adversan al gobierno pero que tienen posibilidad de aportar soluciones; a la diversidad de Organizaciones No Gubernamentales; a los gremios y sindicatos y, especialmente, a las víctimas de la violencia. En todos los lugares en donde se ha implementado, con seriedad, un plan de disminución exitoso de la violencia ha tenido como condición previa el contar con un amplio consenso nacional. Este gesto, necesariamente, debe ser encabezado por el Presidente de la República, rectificando la manera de hacer política basada en la polarización y la confrontación.
El debate, además, debe contar con todos los elementos que puedan plasmar una fotografía lo más exacta a la realidad de la inseguridad en el país, evidenciando no sólo los elementos históricos y culturales que nos han sumido en una espiral de violencia, sino también los elementos recientes que han exacerbado, desde el año 2002, su curva de crecimiento. En esta dirección se orientaba la realización de la Encuesta Nacional de Victimización que desde julio del 2009 fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coordinado junto al Ministerio de Interior y Justicia. Edwin Rojas, director de la oficina de Prevención del Delito de dicho despacho, afirmó en aquella oportunidad que “esta encuesta permitirá aportar información importante para obtener una base de datos acerca del análisis estadístico de delincuencia y sobre las características de la víctima, lo que permitirá lograr una efectiva orientación de la política criminal en el país”. Sin embargo, después de finalizada sus resultados no se han hecho públicos. La Comisión Técnica del estudio presentó en meses pasados sus datos a una delegación de funcionarios y funcionarias, los cuales realizaron un pacto de silencio sobre las cifras. Por ello todos los ciudadanos y ciudadanas debemos exigir que el contenido de la encuesta sea oficialmente divulgado, pues algunos de sus resultados parciales que han sido filtrados a los medios de comunicación sugieren una agudización del problema.
Con un conocimiento lo más fidedigno posible y motivados por un espíritu no sectario, amplio, democrático y con el claro propósito de escuchar y recibir todos los aportes que se puedan dar, el gobierno tiene la obligación de promover una amplia consulta nacional. Luego habrá que avanzar en diseñar políticas y ejecutarlas garantizando la participación de las distintas instituciones, factores políticos y sociales. Como referencia existe la experiencia del proceso promovido por la Comisión de Reforma Policial, la cual realizó, sin discriminación, 70.000 encuestas como base de sus recomendaciones.
Seguir tratando la situación de inseguridad sobre la base de la descalificación mutua, tanto por parte del gobierno como de la oposición, no resolverá su dramatismo. Manejar el asunto con propósitos electorales pretendiendo minimizar la realidad o exagerarla dificulta acercarnos al diálogo. El gobierno tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa para promover ese diálogo, pero la oposición debe demostrar voluntad de querer aportar a su solución, reconociendo que en los estados y municipios donde gobiernan también han fracasado. El duelo de tantas familias venezolanas ya no acepta risas, banalidad o mezquindades ideológica-partidistas. (Rafael Uzcategui, Correo del Caroní, 23.08.10)
