Durante la década de los años 90 Provea realizó una caracterización de la situación de la región dentro de la cual se enmarcaba la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. La promoción de diversas iniciativas privatizadoras, así como el desmontaje del sistema de seguridad social público, confirmaba el diagnóstico acerca del impacto de las políticas de inspiración neoliberal en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
20 años después la situación ha cambiado. Por un lado la movilización popular en diferentes países de la región alertó acerca del alto costo social de las medidas de ajuste estructural diseñadas tras el llamado “Consenso de Washington”. Por otro, la propia evolución del capitalismo -catalizada por los avances tecnológicos en materia informática y en comunicación- ha posibilitado el flujo de dineros a nivel global en tiempo real. El propio Estado, arrinconado por la ofensiva privada, se ha reconfigurado para promocionar las ventajas comparativas de sus territorios, en alianzas con otros Estados, en la búsqueda de mayores cuotas en el mercado mundial. En la región, diferentes gobiernos de tinte progresista han generado diversas expectativas, sin embargo han profundizado un modelo de desarrollo extractivista que impacta tanto en el medio ambiente como en los territorios pertenecientes a comunidades indígenas. La arquitectura geopolítica del mundo se encuentra en una fase volátil de reordenamiento, no obstante es importante realizar una amplia caracterización que nos permita prever cuáles serán las consecuencias para el disfrute de los derechos sociales.
Un aporte en esta dirección lo ha realizado la reciente asamblea de Social Watch (SW), una red creada en 1995 comprometida con el monitoreo de las políticas que tienen impacto en la desigualdad y en la gente que vive en la pobreza, realizada en la ciudad de Manila a la cual Provea tuvo la oportunidad de asistir.
SW califica la situación del planeta como “un entorno altamente cambiante”, e identifica los siguientes elementos como claves para una debida comprensión:
1. La crisis económica y financiera mundial de septiembre de 2008, la movilización de billones de dólares para rescatar a los bancos, a la industria automotriz y a otras industrias a costa de la gente que vive en la pobreza, el desmantelamiento de la protección social y los servicios públicos, las crecientes inequidades en materia de género en todo el mundo y el descrédito de la hasta entonces principal corriente de la economía dominante;
2. Los recientes avances en la exigencia de justicia social y económica, autodeterminación y dignidad para todos en los países árabes y otros lugares que han logrados los movimientos populares con la ayuda de las nuevas tecnologías;
3. Las luchas constantes de los movimientos populares, incluyendo agricultores, trabajadores, jóvenes, etc., para enfrentar las prácticas democráticas regresivas que continúan implementándose así como la ausencia de estado de derecho en muchos otros países;
4. El estancamiento de las negociaciones comerciales de la Organización Mundial de Comercio y la consiguiente proliferación de acuerdos regionales y bilaterales de libre comercio entre países en posiciones asimétricas;
5. El reconocimiento del cambio climático como una amenaza a la supervivencia y a la soberanía alimentaria, junto con la reticencia de los países desarrollados a reconocer su responsabilidad, mantener el Protocolo de Kyoto y actuar en consecuencia;
6. El surgimiento de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como un nuevo bloque de poder, que tiene el potencial de desafiar o repetir la estructura de poder económico dominante, y del G-20;
7. La crisis de la deuda en Europa, los intentos por solucionarla con las mismas recetas de ajuste estructural que fracasaron en otras partes, derivando en una crisis social y en el surgimiento de movimientos sociales.
8. El tema de las industrias extractivas y la apropiación de tierras se está tornando una preocupación común y la criminalización de las protestas sociales es una respuesta corriente en todas partes;
9. Limitaciones a la sociedad civil en su capacidad de funcionar como guardián frente a la toma de decisiones políticas del Gobierno nacional;
10. La crisis de gobernanza, la falta de cultura constitucional promotora de la impunidad y el liderazgo irresponsable así como el nepotismo y la corrupción que tiene sus raíces en políticas de exclusión, funcionales al fomento de la desigualdad en materia de género e ingreso;
11. La situación de los jóvenes que no cuentan con puestos de trabajo significativos, educación y oportunidades;
12. El aumento del tráfico de mujeres, niños y niñas;
13. La magnitud de las formas emergentes de migración como consecuencia de factores sociales y climáticos;
14. El incremento de intereses industriales y corporativos que impulsan la militarización con efectos destructivos en las relaciones comunitarias y el medioambiente;
Realizar un correcto diagnóstico de las principales tendencias del mundo contemporáneo no es únicamente un ejercicio académico, sino además una herramienta para diseñar estrategias de mayor impacto en la defensa de los derechos humanos.
