En un informe recibido recientemente por Provea, y redactado por los fiscales Aniello Martuscelli y Elio Martínez, se registran una serie de irregularidades presentes en las asociaciones cooperativas que prestan su servicio dentro de la planta de General Motors Venezolana (GMV), situada en la ciudad de Mariara, Parroquia Mariara del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo.
Entre algunas de las situaciones plasmadas en el texto se encuentra la ausencia de la aprobación, por parte de la asamblea de asociados, de los términos del Contrato de Servicios suscrito con GMV en donde se definen las condiciones de trabajo. Ello evidenciaría la falta de control democrático por parte de los miembros de la cooperativa en la toma de decisiones. Por otra parte, en los contratos suscritos existe un anexo en donde se acuerda una tabla de remuneraciones, lo cual contradice el espíritu cooperativo de discutir y aprobar, en asamblea de asociados, mecanismos mediante el cual se reparten los anticipos societarios entre los asociados y asociadas, regido por los artículos 34 y 35 de la Ley Especial de Cooperativas. Tampoco existe la ejecución de planes o proyectos educativos que garanticen la formación permanente y continúa de sus asociados, ni tampoco ejecuta, participa, organiza ni desarrolla planes y actividades a nivel educativo, cultural y social, en beneficio de la comunidad. En materia administrativa los diferentes libros de la asociación no poseían registros ni anotaciones, además de no contar con su Plan Anual de Actividad con su respectivo presupuesto. Los fiscales evidenciaron que dichas asociaciones han sido fiscalizadas anteriormente y notificadas de las observaciones a corregir. Sin embargo, han hecho caso omiso de las recomendaciones.
Ante dicha situación los fiscales Martuscelli y Martínez argumentan que el conjunto de situaciones constatadas constituyen una “Simulación de la relación laboral”: “Nos encontramos ante la presencia de relaciones de trabajo que deberían regirse conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, pero fueron encuadradas bajo al ropaje de Asociaciones Cooperativas para instrumentar así la simulación, y a través de ellas consagrar el fraude laboral, requiriendo previamente el consentimiento de los trabajadores para poder instrumentarlas, aprovechándose de sus necesidades (…) La empresa GMV simplemente decidió dentro del esquema capitalista eliminar la rigurosidad propia del Derecho al Trabajo, a través de la utilización de la figura de las Asociaciones Cooperativas, las cuales se regulan por una legislación especial, pretendiendo eliminar con esta práctica la condición de trabajadores de las personas que prestan el servicio y con ello la posibilidad de constitución de sindicatos, así como la solicitud de reivindicaciones laborales a través del uso de la Convención Colectiva”.
Lamentablemente, esta situación no es exclusiva de las asociaciones cooperativas que prestan sus servicios en el sector privado. Durante los últimos años Provea ha venido recibiendo una serie de denuncias desde las instituciones públicas que permiten argumentar que estaríamos en presencia de una flexibilización de las relaciones laborales, aunque con un nombre políticamente correcto. La loable iniciativa del gobierno nacional de dar un vigoroso impulso al cooperativismo, rápidamente se ha visto colonizado por vicios e irregularidades derivadas de una improvisado impulso a la economía social, cuyo único motor ha sido la entrega de recursos. Según datos difundidos por el economista Víctor Álvarez entre los años 1999-2008 se otorgaron 28.887 créditos a diferentes modalidades, por un monto total de Bs F. 1.450.560.849. En algún momento los voceros oficiales hablaron de la existencia de 240.000 cooperativas, priorizándolas dentro de las contrataciones para la prestación de servicios al sector estatal. Se creía que esto bastaría para sustituir las formas de producción tradicionales por unas de tipo cooperativo. Sin embargo, como lo expresó un veterano cooperativista larense a Provea, “el dinero no crea los procesos, son las relaciones entre la gente las que generan los recursos”. Este impulso, artificialmente por decreto, reveló tanto sus limitaciones como su propia incomprensión de la dinámica cooperativista. Según Álvarez, un profesional ligado al ente estatal Centro Internacional Miranda, para el cierre del año 2008 la economía social proporcionaba un 1.6% del total del PIB, generando un 1.7% del total de empleos en el país. Al cruzar los datos con la Misión Che Guevara, la cual en teoría brinda las herramientas para la construcción de un modelo productivo alternativo, la cifra de empleados es menor a la de los 235.263 misioneros que egresaron sólo en el año 2008. El análisis de Álvarez es categórico: “al no verse los resultados con la inmediatez que se esperaba, estas iniciativas terminaban siendo rápidamente desplazadas, sustituidas, desmontadas u olvidadas por nuevos intentos que terminaban corriendo la misma suerte que los anteriores. No se guardaron los tiempos necesarios para que cada una de estas iniciativas madurara…”.
Ojala la ineficiencia fuera la única debilidad del cooperativismo impulsado por el Estado. Como en el caso de General Motors, se han venido utilizando para simular la relación laboral y tercerizar las relaciones de trabajo en el país, en sintonía con las corrientes dominantes que cruzan la economía globalizada. Ante esta situación sólo cabe la organización y la denuncia. Si usted conoce casos de cooperativas “chimbas”, o ha sido obligado a trabajar en una, envíenos su testimonio al email [email protected]
Rafael Uzcátegui
Coordinador del Area de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
