Crece la indignación en el país por la pérdida de miles de toneladas de alimentos en distintos puertos y depósitos bajo control del Ejecutivo Nacional. Pero merece comentario especial la manera como el ex vicepresidente de la República y dirigente que goza de amplia influencia en el gobierno, el periodista José Vicente Rangel, describió dicha situación. Afirmó de manera categórica: «Hay incapacidad, desidia, falta de gerencia, y también está presente el delito impune atornillado en las instituciones-, la corrupción: tráfico de influencias, comisiones, sobreprecios y, en este caso, la desesperación por importar sin debido control». Esta descripción surgida desde una de las voces más destacadas de la nomenclatura política que dirige el país coloca el dedo en la llaga en dos de los problemas más importantes que afronta Venezuela en la actualidad: la corrupción y las enormes importaciones, principalmente de alimentos. Este último aspecto genera dudas sobre el éxito del plan agro-alimentario del gobierno. Dicho fracaso en parte es confirmado por las recientes declaraciones del ministro de Alimentación, Felix Osorio, quien reconoció que un 70% de los alimentos que consumen los venezolanos son importados.
Si bien el Estado está obligado a resolver la situación de desabastecimiento que afecta a algunos de los principales rubros alimenticios que conforman la dieta de los y las venezolanas, ello no puede hacerse de manera improvisada. Los hechos denunciados reflejan que las importaciones de algunos alimentos han sobrepasado las necesidades reales del país y se hicieron sin tomar en cuenta la capacidad de almacenamiento adecuada y de distribución oportuna, deviniendo entonces en una situación de mayor afectación. Además, los mecanismos de supervisión sobre estos procesos presentaron fallas evidentes, como lo demuestra el hecho de que varias toneladas de estos alimentos llevaban almacenadas más de dos años, entre otras razones, por la alta burocracia que acompaña los procesos de nacionalización de los productos que se importan; igualmente, voceros oficiales han reconocido que en esta situación están presentes personas que han intentado lucrarse ante la falta control de las autoridades sobre los procesos de almacenaje y distribución.
Esta situación (que por lo demás no es la primera vez que se produce) refleja que la dependencia excesiva de la importación de alimentos que padece nuestro país debe superarse si se quiere garantizar la seguridad alimentaria de la población y la soberanía alimentaria del país. Mientras ello se logra, el Estado está obligado a planificar y optimizar los mecanismos para la compra en el exterior de alimentos y su rápida nacionalización, así como para su almacenaje y distribución, asegurando por encima de cualquier obstáculo que estos alimentos lleguen en óptimas condiciones a la mesa de los venezolanos y venezolanas y acudiendo a todos los mecanismos que lo permitan, incluyendo la concertación con las empresas privadas de distribución.
Marino Alvarado
Coordinador General
Provea
