En los Sistemas Penales (SP) mundiales la impunidad es la regla, esto es que la mayor parte de la conflictividad no es conocida por estos. Sin embargo, no significa que no cumplan una parte vital del control. Quizá la mejor razón es que la ciudadanía cuenta con que el SP actuará, que su función simbólica reafirma su vigencia y consolida al Estado, preservando la institucionalidad y estabilidad para la convivencia. Tal reafirmación de confianza no se logra con demagogia o campañas de «plomo al hampa» que atemorizan y aumentan la violencia. La conclusión es no solo mejorar objetivamente la capacidad del SP para que capte y resuelva conflictos, sino atender su dimensión simbólica, que la ciudadanía con razón confíe. Por tanto, la reducción de la impunidad pasa por:
1. Mejorar la eficacia del SP en captar la conflictividad. Hay que relacionar las políticas de persecución penal y selectividad primaria y secundaria con prioridades, dado que el SP no tiene capacidad para atender todo. Incluye procesar delitos casi siempre impunes -como la corrupción- que impactan negativamente los valores ciudadanos, el apego a la norma y la generalización de la sensación de impunidad. Implica ampliar medidas como el acercamiento de sus instancias a la comunidad. Hay intentos, como las fiscalías municipales, pero no es suficiente; la justicia penal sigue siendo inaccesible, debe generarse un programa para el acceso a ella.
2. Respuesta oportuna a conflictos que costaría mucho resolver por vías civiles, mediante la atención inmediata dentro de la comunidad de la conflictividad menor y la aplicación de fórmulas de depuración temprana, como la mediación policial o la solución fiscal de casos penales sencillos donde se establezcan compromisos.
3. Fortalecer la confianza en las instituciones con hechos, no con publicidad, mediante la generación de conciencia colectiva sobre los derechos y deberes y combinarla con formación continua de los agentes públicos, que mida su productividad con indicadores cualitativos como la solución de conflictos y la respuesta a la víctima, y no con cifras de su gestión procesal. A la vez que la participación ciudadana en el seguimiento de la función pública sucede para que rinda cuentas transparentes sobre las demandas por justicia, no en términos de mayor represión o número de detenciones, sino de soluciones.
4. Una política coherente debe comprender lo que sucede y definir una filosofía política de los derechos: cómo se atenderá el problema sin contradicciones. De nada vale creer que la impunidad se resuelve con más vigilancia y represión, o que supone no juzgar en libertad o llenar las cárceles, mientras el Ministerio Público, que monopoliza la acción penal, responde ante 1/5 de los conflictos que conoce. Existen avances con leyes, como la del sistema de justicia o defensa pública, que se anulan con reformas como las del COPP que eternizan las causas o aumentan la arbitrariedad policial; o la del Código Penal de 2005, ejemplo de criminalización irracional. La solución no es llenar cárceles, sino responder a la conflictividad dando una solución relativa a la victimización.
25.04.11 El Universal
