Organizaciones de derechos humanos del país han recibido, a través de un comunicado, el apoyo de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas. El motivo: el rechazo a la campaña pública de desprestigio del trabajo de las organizaciones y defensores/as venezolanas/os de derechos humanos, así como la exigencia del cese de la investigación solicitada ante la Fiscalía General de la República y la campaña sistemática, a través de medios estatales, de descalificación a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Esta investigación fue solicitada el 13 de junio de 2010, por integrantes de Movimiento Periodismo Necesario a la Fiscalía General, para que este organismo iniciara una investigación del financiamiento de las actividades de organizaciones de derechos humanos, específicamente las que promueven la libertad de expresión, como Espacio Público e IPYS.
Posteriormente, se originó una campaña de descalificación, que es denunciada por la Coalición: «En diversos medios públicos se mantiene una campaña de ataques personales contra integrantes de Espacio Público, con el objeto de criminalizar el trabajo realizado con apoyo de la cooperación internacional… Así mismo, Venezolana de Televisión edita un video en el que se repite una entrevista realizada por Carlos Correa y en el que se presentan los documentos desclasificados señalando que no hay transparencia en los fondos recibidos por Espacio Público, que no hay independencia en la acción de la organización y que la misma sí condiciona el contenido emitido en sus actividades de capacitación».
Para la Coalición estos hechos se enmarcan dentro de un patrón de hostigamiento contra organizaciones de derechos humanos, a través de la descalificación moral y pública desde los medios gubernamentales, apertura de procesos judiciales y la intimidación mediante amenazas públicas.
Por ende, la Coalición defiende el derecho de organizaciones de derechos humanos de realizar actividades con el apoyo legitimo de la cooperación internacional, pues esto se ajusta al artículo 13 de la Declaración sobre los defensores de derechos humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998 resolución de la Asamblea General 53/144, que establece: «Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales».
De igual forma, la Coalición indica: «Igualmente se rechaza la descalificación personal, y el escarnio público como estrategia para amedrentar a quienes día a día realizan tareas de promoción, defensa y monitoreo de los derechos humanos en el país. En particular, queremos resaltar que la recepción de fondos de cooperación es un acto legítimo que posibilita las tareas de promoción, educación y defensa de los derechos humanos en todo el mundo… Se solicita al Gobierno venezolano respetar los instrumentos internacionales que resguardan la cooperación internacional, el respeto por la libertad de asociación, el derecho al trabajo y que se eliminen las amenazas a las organizaciones no gubernamentales y a los defensores y defensoras de derechos humanos que hacen vida en el país…».
La Coalición
La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas es una red de organizaciones no-gubernamentales y sociales, que trabajan para alcanzar el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros de la OEA, asegurar la protección a todas las personas y colectivos sujetos a su jurisdicción, garantizar la eliminación de la impunidad en todos los casos de violación de derechos humanos y afianzar un Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos que sea sólido, accesible, reconocido y aceptado por todos los Estados miembros de la OEA.
Dentro de las organizaciones internacionales que la integran se encuentran: en Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); en Bolivia, la Oficina Jurídica Para la Mujer; en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); en Ecuador, el Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» (CSMM) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) de Quito; en El Salvador, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (Idhuca); en México, Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) y el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, A. C. En Paraguay, el Capítulo Paraguay Foro de Mujeres del Mercosur; y en Perú la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
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