Por Rafael Uzcátegui
Tenemos la suerte de ser testigos de nuestro tiempo, y quienes tenemos acceso a medios de comunicación, el registrar los acontecimientos, tensiones y conflictos del hoy, para que puedan ser convenientemente evaluados por el mañana. La sistematización de las injusticias, y las complicidades que las hacen posible, aunque no tengan el efecto reparador que deseamos ahora, servirán para que futuras generaciones puedan ser diferentes a estos errores, sorteando el círculo vicioso del eterno retorno.
Durante la década de los años ochenta en Venezuela se realizaron, bajo la influencia de la Escuela de las Américas y la doctrina contrainsurgente diseñada por el Departamento de Estado Norteamericano, diferentes operaciones que pasarían a la historia como casos graves de violaciones a los Derechos Humanos. Bajo la lucha contra la impunidad en la masacre de Cantaura (04-10-82, 23 víctimas), la masacre de Yumare (08-05-86, 29 víctimas) y la masacre de El Amparo (29-10-88, 14 víctimas) se fogueó una generación de activistas y luchadores y luchadoras populares que, posteriormente, crearon las primeras organizaciones de derechos humanos del país. Incluso, muchos funcionarios y funcionarias de mediano y alto nivel, del actual gobierno, son veteranos de aquellas jornadas. Cuando el reajuste burocrático estatal de 1999 les permitió por primera vez ser poder, y ejercer gobierno, se generaron grandes expectativas no sólo en la justiciabilidad en estos crímenes, sino en la oxigenación de la cultura democrática en general. En los primeros años de gobierno bolivariano se reivindicó a las víctimas y se anunció la apertura de los expedientes. Sin embargo la voluntad de hacer justicia y poner fin a la impunidad no ha pasado, como demuestran los hechos tras 12 años de gestión, de ser un recurso discursivo.
Sin embargo el panorama no sería tan oscuro si las demandas de justicia hubieran quedado como promesas dilatadas sin cumplir. El gobierno bolivariano, y las fuerzas políticas que lo apoyan, han aceptado como parte de los suyos a diferentes autores materiales e intelectuales de estas masacres reiterando, una vez más, el aval estatal a la impunidad.
En el ejemplo actual más escandaloso, Roger Cordero Lara, uno de los pilotos de los aviones que bombardearon a los insurgentes en Cantaura, no solamente ha hecho carrera política dentro del denominado “proceso” bolivariano, sino que ha sido candidateado a la Asamblea Nacional con el apoyo de dos organizaciones políticas que, contradictoriamente, dicen ser herederas de las luchas de los hombres y mujeres masacrados en la llamada “cuarta República”. Y si esto era de por sí una oda a la inconsecuencia, llegó al cénit cuando el “comandante Ramírez”, elegido presidente del nuevo parlamento, reivindicó a los mártires teniendo a uno de los masacradores como colega y compañero de bancada. En ese momento el mundo que conocemos dio un giro de 180 grados.
Funcionarios del alto gobierno que ayer hicieron carrera política en la insurgencia urbana, como Elías Jaua, validan la tesis de la “obediencia debida”, según la cual el hoy diputado estaría eximido de responsabilidad porque estaría “cumpliendo órdenes”. La fiscal General de la República afirma que no ha abierto ninguna investigación porque “no ha recibido una denuncia formal”, sin hacer ninguna alusión de lo que es notitia criminis en su Informe de Gestión 2010. Por otra parte con lo insistentes que son para los temas que les interesan, los diferentes medios estatales y paraestatales han velado y minimizado hasta la nada las denuncias sobre Roger Cordero Lara. Y si este silencio es estruendoso, no conseguimos un adjetivo apropiado para calificar el hecho que sea el Departamento de Estado de, permítannos la redundancia, los Estados Unidos de Norteamérica quien, en su Informe 2010 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, visibilice que un diputado de nombre Roger Cordero Lara es autor material del bombardeo de un campamento de civiles en el año 1982 y que, por tanto, su inmunidad parlamentaria debe ser allanada para poder facilitar las investigaciones sobre el caso. El mundo dado vuelta. Si los familiares de las víctimas de Cantaura publicaran un libro hoy sobre el caso deben citar no al Correo del Orinoco de Vanessa Davies o al Ciudad Caracas de Ernesto Villegas, en donde no encontrarán referencias claras, sino al Departamento de Estado norteamericano de Barack Obama.
Como trabajamos en base a valores, que son la defensa irrestricta de los derechos humanos y de las víctimas, y no a los falsos atajos del oportunismo, los colores políticos y los silencios para transitar el camino de la dignidad humana, organizaciones como Provea seguiremos recordando, tozudamente, todas y cada una de las violaciones y el andamiaje que hace posible su impunidad en el país. Solos y solas, junto a los familiares de las víctimas y de lado a todas las personas sensibles del país, seguiremos insistiendo en la desclasificación pública del expediente militar de la Masacre de Cantaura y en el retiro a la inmunidad parlamentaria de Roger Cordero Lara. Cada día que el antiguo teniente de aviación cumple como diputado de la República Bolivariana de Venezuela es una afrenta a la dignidad de las personas de buena voluntad y un ladrillo más en el ignominioso muro de la impunidad en los crímenes de Estado.
