Independientemente del debate abierto acerca de consideraciones sobre el caso Montesinos, tales como la posible intervención policial peruana en Venezuela o la presunta protección del prófugo por venezolanos vinculados o no al gobierno nacional, que de ser ciertas son condenables ambas, por violentar la soberanía nacional en el primer supuesto y por complicidad con un prófugo de la justicia en el segundo, Provea como organización de derechos humanos considera que el procedimiento de deportación de Vladimiro Montesinos no se ajustó a la legalidad nacional e internacional que procede para estos casos.
Por estar Montesinos acusado de la comisión de graves delitos y de violaciones graves a los derechos humanos, lo que correspondía era su detención preventiva y el inicio de los trámites de extradición a solicitud del gobierno peruano. Nada de esto sucedió y el gobierno venezolano resolvió deportarlo justificando su actuación en el Artículo 34 de la Ley de Extranjeros, que data de principios del siglo pasado y su contenido es claramente preconstitucional. Con esta decisión política los gobiernos de Venezuela y Perú han sentado un pésimo precedente al desconocer el procedimiento de la extradición, que es la garantía de una justa colaboración en la lucha contra el delito, establecida por los tratados internacionales en la materia.
Adicionalmente, consideramos que el tratamiento de absoluta reserva dado inicialmente a la detención de Montesinos por el gobierno nacional, impidiendo a los medios de comunicación el acceso al detenido, violó el derecho a la información de la población venezolana, ya que los pormenores de esta detención era y es un asunto de interés público.
El tratamiento equívoco de este caso por el gobierno venezolano, es una nueva demostración de la necesidad de que las actuaciones de los Poderes Públicos se ajusten al Estado de Derecho, al respeto a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, al margen de estos señalamientos, manifestamos nuestra esperanza de que la justicia peruana sancione y castigue a Montesinos por los casos graves de violaciones a los derechos humanos cometidos en el Perú, a través de una actuación que le garantice el derecho a la defensa y al debido proceso que toda persona debe tener. Una vez más insistimos con un principio que hemos defendido a lo largo de nuestro accionar: las organizaciones de derechos humanos no buscamos venganza sino justicia. Las organizaciones de derechos humanos debemos estar vigilantes en toda ocasión de que el sistema de administración de justicia le garantice a los funcionarios públicos acusados de violar los de derechos humanos, los derechos que ellos no les garantizaron en su oportunidad a sus víctimas, pues de esta manera seremos coherentes y éticos en la lucha contra la impunidad, en el convencimiento de que solamente de esta manera se fortalece la democracia y el Estado de Derecho.
Raúl Cubas
Coordinador General de Provea
