Por Francisco Martínez
Al revisar la historia de los derechos humanos, parece existir como elemento común un gran vacío en cuanto a la incorporación de este enfoque como ideología en el quehacer cotidiano de las instituciones o cuerpos de seguridad de los diferentes Estados que conforman la comunidad internacional; tanto así que, al preguntarle a cualquier persona sobre quién viola mas los derechos humanos, la respuesta es generalmente “la policía”, ignorando casi por completo a otros actores que forman parte del Estado y que también pueden incurrir en vulneraciones a los derechos.
Sin embargo, este tipo de respuestas no son gratuitas. Es bien sabido que, tradicionalmente, las instituciones policiales han sido utilizadas como cuerpos uniformados y de represión por parte de los y las gobernantes de turno, obviando su verdadero rol de garante de la seguridad y el orden en una determinada sociedad y eso ha conllevado a tener, en nuestro país por ejemplo, un modelo policial caracterizado por prácticas negligentes y corruptas, distante del pueblo, con poco nivel de profesionalización, imbuido de visiones discriminatorias (xenófobo, clasista, racista, misógino), al servicio de grupos económicos, o de poder, y esencialmente represivo.
Por tanto, este esquema policial es percibido negativamente por la población debido a dos factores fundamentalmente: el primero, por considerarse que los cuerpos policiales resultan ineficientes en garantizar la seguridad; y segundo, porque se percibe que la policía en sí misma está involucrada en la comisión de muchos de los delitos que debería combatir. En pocas palabras, como violadores y violadoras de los derechos humanos.
Pero la verdad es que el mundo policial y el de los derechos humanos, pese a parecer contradictorio (por una realidad histórica), necesariamente están unidos. Lo importante es iniciar por deslastrar la noción tradicional con la que concebimos la función policial, desde dentro y fuera de los cuerpos de seguridad, y dar paso a una visión más progresista y acorde con el enfoque de derechos humanos.
Desde adentro, los cuerpos policiales deben asumirse como promotores y garantes de los derechos humanos. Como establece la misión de la Policía Nacional Bolivariana, la policía es: “un órgano de carácter civil, profesional, predominantemente preventivo, cuya misión es garantizar los derechos de las personas frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgo o daños a la integridad física, sus propiedades, el libre ejercicio de sus derechos, el respeto de sus garantías, la paz social, la convivencia y el cumplimiento de la ley… y facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación, conforme a los estándares nacionales establecidos”.
Debemos y merecemos tener cuerpos policiales que, lejos de reprimir, prevengan el delito; que sean controlados, pero que sobre todo se autoncontrolen y se limiten a actuar apegados a las leyes en nuestro país, y no de acuerdo a intereses personales que, en muchas ocasiones, conllevan a la vulneración de derechos. Asimismo, cuerpos policiales que no discriminen, que asuman a todas las personas que forman parte de la sociedad como un ser humano, como un par que siente y padece igual que cualquier funcionario o funcionaria policial, pero que sobre todo tiene los mismos derechos que los policías uniformados y uniformadas.
Desde afuera, la colectividad, organizada o no, debe asumir un rol de corresponsabilidad, respeto por el estado de derecho, contralor de la función policial, actor principal en la prevención del delito; denunciar, construir, en fin, fungir como apoyo en la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad.
En pocas palabras, los derechos humanos encuentran allí en los cuerpos policiales un espacio natural donde insertarse como parte de su vida institucional y procedimental; por tanto, estos deben abrir sus puertas a este enfoque como un mecanismo para mejorar su actuación, recordar la ética policial, actuar apegados a los parámetros normativos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y, especialmente, convertirse en una policía cercana a la población y a sus necesidades, que se asuma como parte de ella, y no por encima del resto de las personas, como suelen hacerlo.
Este no es un proceso sencillo ni rápido, pero debe iniciarse el camino de construcción colectiva que permita solidificar los puentes entre el mundo de los derechos humanos y el de la función policial; puentes, como los que desde hace dos décadas tiende la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y, más recientemente, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), a través de la formación en derechos humanos para funcionarios y funcionarias policiales y también para las comunidades, que sirvan para promover una policía más respetuosa que, además de exigir sus propios derechos, pueda defender los de la ciudadanía en general; una policía al servicio de la sociedad y una sociedad al servicio de la policía.
