Por Maria Mosegue
El pasado 1 de septiembre, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), junto a la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, realizó un acto público, donde se destruyeron 51.765 armas de fuego. En lo que va de año son 117.145 las armas fundidas.
Estos datos, comparados con experiencias latinoamericanas, reflejan la efectividad del Estado en la aplicación de este tipo de medidas. Por ejemplo, en Colombia, según lo reseña el Departamento de Control y Comercio de Armas, el año pasado se fundieron 27 mil 576 armas, y el balance realizado desde 1992 determina que se han destruido por este método 240 mil 697.
Los estudios reflejan que este mecanismo genera mayor efectividad en las políticas de seguridad ciudadana, evitando que las armas incautadas o decomisadas sean utilizadas nuevamente por la delincuencia, lo cual muestra la intención real del Estado venezolano por minimizar los índices de violencia.
Sobre esto, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, indica que se seguirán profundizando estas “acciones para consolidar la paz como factor de convivencia en nuestras comunidades”.
La destrucción masiva de estas armas está en plena consonancia con tratados internacionales ratificados por nuestro país como la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
Miguel Ángel Trinidad, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Venezuela, explica que los Estados están tomando conciencia de la necesidad y urgencia de implementar acciones de este tipo. “Nos parece sumamente positivo que el Estado venezolano esté avanzando con estas medidas porque el problema de las armas corroe nuestras sociedades y nuestros Estados soberanos”, resaltó.
Por su parte, Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, refiere que “la política de nuestro país en torno a la destrucción periódica y consistente de armas de fuego que han estado involucradas en situaciones de vulneración del derecho a la vida, es una demostración efectiva de la voluntad que existe por parte del Gobierno, los Poderes Públicos y la sociedad civil organizada, de sumar esfuerzos para reducir las situaciones de violencia que afectan a nuestra sociedad y poder reducir la presencia de estos instrumentos de muerte”.
“Lingotes de metal”
A diario los distintos cuerpos de seguridad a nivel nacional despliegan operativos en los que son decomisadas o incautadas armas de fuego, las cuales pasan por distintas instancias del Estado antes de su destrucción definitiva.
“El proceso de destrucción de armas de fuego comienza cuando a las armas decomisadas se les realiza la experticia balística, que es lo que va a permitir garantizar su destrucción sin entorpecer cualquier proceso judicial”, explica el General de Brigada, Julio César Morales Prieto, director general de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (DAEX).
El General Morales Prieto señala, además, que “las armas son entregadas en los Comandos de Guarnición y estos, a su vez, se las entregan al DAEX. Con la supervisión del Ministerio Público y un Tribunal de Control se hacen inventarios continuos para garantizar que ningún arma entre ni salga y, una vez que se ordena el acto público, se hace una nueva verificación; se revisan las experticias balísticas y se hace la evacuación inicial hasta el sitio dispuesto para su destrucción definitiva”.
La fundición de armas de fuego se realiza en la Siderúrgica del Turbio (SIDERTUR), ubicada en Barquisimeto, estado Lara. Allí las armas se funden en un horno durante 45 minutos a 1.600 grados centígrados. Estas instalaciones permiten cumplir con los protocolos de seguridad establecidos a nivel internacional.
Alfredo Roberto Missair, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, indica que la fundición de las armas garantiza una destrucción completa, absoluta y técnicamente segura. “Es la mejor forma de destruirlas porque las armas pasan a ser lingotes de metal que se transforman luego en cabillas, perfiles o en rieles: un uso más doméstico y menos agresivo”, insiste.
La destrucción de armas de fuego es también una acción simbólica que representa el fin de la violencia y la construcción de una convivencia pacífica, donde se garantiza el derecho a la vida y se consolida el desarrollo integral de las venezolanas y venezolanos.
Concluye Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme, que “acciones como éstas se inscriben en una política permanente que va a desarrollar el Estado venezolano para acabar con este flagelo y poder comenzar a construir ese camino hacia la paz”.
09/09/2011, Correo del Orinoco/Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
