De forma reiterada recibimos señales de cómo entiende el gobierno de Hugo Chávez el derecho a la libertad de expresión y su contracara, el derecho a la información.
Conviene, en muchos casos, pasearse por casos que no sólo afectan a periodistas y medios, para entender cabalmente la lógica oficial que paulatinamente va restringiendo aspectos como el derecho a manifestarse, que está claramente relacionado con la expresión, o el derecho a saber, por parte del conjunto de la sociedad.
En uno y otro, el afectado es el ciudadano común que por un lado pierde espacios para su expresión propia y para acceder a información, distinta a los designios gubernamentales.
Vale la pena recordar, en el contexto en el que vivimos, que una serie de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dejado en claro que la libertad de expresión es un derecho de doble cara, en una de ellas está el individuo y su derecho a manifestarse, mientras que en la otra, está la sociedad con su exigencia de mantenerse informada.
PRIMERA PÍLDORA : EL DÓLAR PARALELO
Cuando se aprobó la Ley de Ilícitos Cambiarios, se puso en vigencia una política que impedía a los medios de comunicación informar sobre una tasa de cambio diferente a la oficial.
Según el gobierno, con esto se buscaba evitar la especulación. En realidad se apunta a que el ciudadano tenga menos información sobre ciertos asuntos, pues si la intención oficial fuese evitar la especulación con el tipo de cambio, tomaría medidas concretas para que las transacciones de empresas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no fuesen una fuente que fomente el mercado paralelo de divisas.
El Estado recibe dólares a un precio, por sus exportaciones petroleras, y luego coloca otro para las transacciones internas. Básicamente se busca maquillar las finanzas públicas, y en ese sentido mientras menos información tenga el público, pues resulta mejor.
En materia de transacciones cambiarias, la desaparición de la información en los medios tradicionales sobre el tipo de cambio paralelo, originó el surgimiento y popularización de blogs y páginas en Internet que daban cuenta del movimiento del dólar en Venezuela.
Hay un mercado paralelo de compra y venta de divisas distinto al oficial, no se puede tapar el sol con un dedo.
El presidente Hugo Chávez anunció a fines de la semana pasada una arremetida, que incluía allanamientos y amenazas de aprehensión contra los blogs y páginas en Internet que estaban informando sobre el dólar paralelo.
En breve tiempo estas páginas desaparecieron, obviamente sus responsables ante la amenaza presidencial optaron por desmontarlas.
Esto nos habla de otros dos problemas en Venezuela en relación con la libertad de expresión: el miedo a expresarse por temor a las represalias (sólo hay libertad de expresión plena cuando no existe el miedo a las sanciones por lo que digo o informo), y el peso del Presidente en materia de decisiones judiciales (la ausencia de un Poder Judicial autónomo incrementa el miedo ante una acusación que además viene del propio jefe de Estado).
Por cierto, en clara demostración de cómo opera la cultura venezolana, este lunes ya estaban en línea nuevos sitios en Internet sobre el cambio de divisas, supongo que con mayor seguridad para evitar ser rastreados por las autoridades.
SEGUNDA PÍLDORA: FRANKLIN BRITO
El conjunto de la sociedad que dice defender derechos democráticos, parece haberse olvidado de la protesta de este hombre, que básicamente exige que el Estado rectifique y que él, como pequeño productor agropecuario, pueda volver a las tierras de su fundo Iguaraya, que resultaron invadidas el 28 de mayo de 2003.
El año pasado Brito se cansó de las citaciones a tribunales y de acuerdos con entidades como el Instituto Nacional de Tierras, pues no tenían efecto real en el derecho que le asiste de recuperar sus tierras.
El último año en la vida de Brito puede dividirse en dos partes, la primera con una huelga de hambre a las puertas de la Organización de Estados Americanos, la segunda parte, con huelgas intermitentes dentro de las instalaciones del Hospital Militar de Caracas al cual fue llevado en contra de su voluntad.
Brito, con su singular protesta, básicamente está reclamando atención, tanto del Estado para que rectifique, como de la sociedad para que se solidarice con su lucha. A fin de cuentas, Brito está haciendo uso del recurso extremo de no ingerir alimentos para expresar su punto de vista.
Estamos en presencia, con la protesta de Brito y el impacto que ésta tiene sobre su salud y en general sobre su vida, de una clara demostración de cómo el ciudadano de a pie en Venezuela tiene negado el espacio para exigir rectificaciones del Estado, cuando éste hace uso arbitrario del poder.
Según el testimonio suyo, se cansó de asistir a tribunales que básicamente se mueven por razones bolivarianas, es decir se mueven cuando hay bolívares de por medio.
La ausencia de canales efectivos para que la voz del ciudadano pueda hacerse oír, por las instancias públicas, es una señal de ausencia de mecanismos democráticos, una situación inaudita cuando somos parte de un sistema político que enarbola la idea de una democracia participativa. El caso de Franklin Brito habla muy mal del sistema.
La reclusión de Brito en unas instalaciones hospitalarias en contra de su voluntad es también una forma de acallar su protesta, y de intentar que ésta tenga menos impacto público.
Es decir, es otra manera de cercenar el derecho a la expresión y a la protesta de este venezolano. Esta perdida de libertad ha sido refrendada por entidades que deberían defenderle, que igualmente le endilgaron una supuesta insania mental. A fin de cuentas se trata de desacreditar a Brito a los ojos del público, para que su protesta tenga menos eco.
