La educación está considerada internacionalmente como un derecho humano, y así lo establecen instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el ar- tículo 13. La República Bolivariana de Venezuela en el artículo 102 también reconoce a la educación como un derecho humano, y en concordancia con ella, la Ley Orgánica de Educación establece en su artículo 4 que este es un «derecho humano y deber social fundamental».
En consecuencia, en nuestro país nadie puede dudar que jurídicamente todos y todas tenemos derecho a educarnos y a que el Estado proteja y garantice el ejercicio de ese derecho, en especial para los niños, las niñas y los adolescentes, porque la educación no es un privilegio de algunos pocos sino un derecho y una responsabilidad colectivas.
El Estado, en ese contexto de corresponsabilidad, ha generado políticas educativas de inclusión social, tales como las misiones educativas Robinson I y II, Ribas y Sucre, el programa de las Escuelas Bolivarianas, los Simoncitos, las Escuelas Técnicas Robinsonianas, entre otras.
En ese marco, los ministerios del Poder Popular para la Educación y para el Comercio promulgan anualmente y de manera conjunta, una resolución que regula el ajuste de la matrícula y las mensualidades escolares en las instituciones educativas privadas del país, tomando en cuenta los índices inflacionarios. El incremento acordado para este año no debe superar el veinte por ciento (20%).
En dicha resolución queda establecido que serán en definitiva las asambleas generales de padres, madres, representantes y responsables quienes determinarán el monto definitivo de la matrícula y las mensualidades para el próximo año escolar
Ya han salido muchos propietarios de colegios privados y las cámaras y asociaciones que los agrupan, apoyados por medios influyentes, a protestar la regulación. Especialmente aquellos sectores habituados al desenfreno neoliberal que ven la educación como mercancía, tratan de enrarecer el clima educativo nacional y el inicio del próximo año escolar, presentando como un exabrupto el hecho de que el Estado ejerza su responsabilidad rectora en materia educativa.
Lo que no entiendo es que muchas asociaciones de padres, representantes y responsables, salten al mismo ritmo que algunos empresarios que califican como «mercaderes de la educación», protestando una medida que los beneficia. Estas asociaciones propician la modalidad de colaboraciones y fundaciones como formas de evadir la resolución, lo cual está prohibido.
Ojalá que funcionen los niveles de supervisión del Ministerio del Poder Popular para la Educación, así como los mecanismos del Indepabis y Ministerio Público, para aplicar los procedimientos y correctivos previstos en las leyes venezolanas en caso de que hubiere algún tipo de infracción; y de esta forma, garantizar la accesibilidad a la educación como un derecho humano a los niños, las niñas y los adolescentes venezolanos. (Nelson José Constant Ruiz, El Universal, 02.08.10)
