Deseo comenzar esta reflexión aclarando que desde su fundación Provea consideró importante el contexto de la educación formal para difundir la propuesta de la educación en derechos humanos, conscientes de que esos primeros años en la formación de los niños, niñas y adolescentes eran esenciales para desarrollar actitudes cónsonas con el respeto de los derechos humanos, entendidos éstos en forma amplia como la promoción de valores de igualdad, no discriminación, justicia, solidaridad, equidad, entre otros. Consecuentes con ello, a lo largo de estos años hemos desarrollado talleres de formación para docentes, algunos de los cuales hemos sistematizado y forman parte de nuestras publicaciones educativas. Paralelamente, también hemos trabajado junto al resto del Movimiento de Derechos Humanos del país, para que el Estado, representado en este caso por el Ministerio de Educación, asumiera la responsabilidad que le cabía en la promoción de esta educación desde su rol rector de la educación en el país. Así fue como luego de un largo proceso finalmente el día 8 de octubre de 1997 se aprobó la Resolución 1484, cuyo contenido esencial se refiere a la incorporación de la Educación en Valores y Derechos Humanos en el sistema curriculum venezolano. Según la misma Resolución, las obligaciones del Estado en la materia son: fomentar la formación y capacitación de los docentes, elaborar y difundir manuales de educación en derechos humanos, incorporar estrategias metodológicas en el currículo, organizar eventos a nivel nacional y regional sobre la materia, realizar campañas de difusión a través de los medios de comunicación, editar un compendio para educadores que contenga los principales instrumentos normativos internacionales sobre derechos humanos y conformar una comisión que se encargue de evaluar bimensualmente el cumplimiento de lo establecido en dicha Resolución.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos no podemos dejar pasar alto el contexto en el cual hoy en día se está promocionando -y a veces podría parecer casi como una moda- la llamada «educación en valores».
Paralelamente a su rol educativo, Provea sistemáticamente ha venido desarrollando un seguimiento a la situación de los derechos humanos en Venezuela, y entre ellos -por supuesto- al derecho a la educación. Cabría preguntarse entonces, ¿cuál es la situación del derecho a la educación en la cual se pretende promover la educación en valores? Porque ciertos hechos concretos de la situación del derecho a la educación, nos hace pensar a veces que se pretende mostrar la educación en valores como una especie de panacea para curar todos los males, y nada está más lejos de la verdad. Quisiera entonces desmontar algunos mitos con respecto a este tema, contextualizándolo en la situación de Venezuela.
El primer mito se relaciona con la «supuesta novedad» de la educación en valores. No hay tal novedad. La educación es esencialmente -ya sea que lo reconoz ca explícitamente o lo encubra- un proceso de educación en valores. La forma de disponer los pupitres, la manera de evaluar, la concepción acerca del recreo o del tiempo libre, la manera como se ejerce la autoridad en el plantel o en el aula, todos esos hechos vividos cotidianamente en la vida escolar son «transmisores de valores». De lo que se trata entonces tal vez sea de ponernos de acuerdo acerca de qué valores deseamos promover y qué estrategias son las mejores para ello. Cabe recordar entonces que por lo menos desde el año 1989 Venezuela entró mayormente en lo que hoy se conoce en el mundo entero como modelo de desarrollo neoliberal cuya lógica -la del mercado con democracias formales- entra en contradicción directa con la lógica de los derechos humanos y la de las democracias reales.
Así siguiendo a Susana Sacavino, podemos decir que Mercado y Democracia están asentados y estructurados a partir esquemas de valores que vehiculan y promueven y que son contradictorios entre sí. Debiéramos entonces problematizarnos y preguntarnos: ¿Educación en qué valores? ¿Los del mercado? Es decir, valores centrados en el tener, en el lucro y la ganancia a toda costa, en la eficiencia, en la agresividad y la competitividad, en el individualismo, el inmediatismo perecedero? ¿O valores sobre los que debieran sentarse las democracias radicales, tales como la participación, la tolerancia, la racionalidad solidaria, la conservación y la memoria histórica, entre otros?
Si hablamos de educación en valores y no explicitamos cuáles son los que se promocionarán, el discurso resulta fácilmente encubridor de la realidad actual.
El segundo mito es que la educación en valores por sí misma puede corregir la tendencia a la inequidad y exclusión que presenta nuestro sistema educativo. Y lo decimos porque así aparece en Venezuela en los documentos oficiales que justifican la reforma curricular venezolana y dentro de la misma la inclusión del eje transversal de valores. Numerosos estudios -incluso oficiales- dan cuenta no sólo de que hay un bajo grado de prosecución escolar, sino de que más de un millón de niños ni siquiera se incorporan al nivel de preescolar. Para estos niños y niñas, el Estado venezolano les está dando la mejor clase de «educación en valores». Desde temprana edad están aprendiendo que «no tienen derechos», están aprendiendo que su lugar en esta sociedad es el de los excluidos. Otros sí lograrán entrar y se encontrarán con aquellos defectos también suficientemente señalados de nuestro ambiente escolar: autoritarismo, desconexión del curículum con las vivencias previas que traen los educandos, enseñanza memorística, etc.
Aquí sí -en este segmento particular de la realidad – es donde este enfoque de la educación en valores democráticos puede hacer valiosos aportes, siempre que el docente tenga presente precisamente, ¿Cuál es la familia real (no la ideal) de la cual provienen la mayoría de nuestros alumnos y alumnas? Permítanme introducir -por lo ilustrativa – una cita del sociólogo Jesús Alberto Pérez, en la cual expresa: «La desigualdad genera pobreza, y la pobreza aumenta la desigualdad. Así que nuestros mayores esfuerzos, como sociedad, deberían concentrarse en el objetivo de reducir la desigualdad. […] identificar los diversos mecanismos generadores de desigualdad y reproductores de la pobreza. Uno de ellos es el de la relación que se establece entre los distintos grupos sociales y el sistema educativo […]. Por diversos factores, la desigual distribución del ingreso es en parte el reflejo de un acceso desigual a las oportunidades de estudio, entre familias con diversas condiciones socioeconómicas. Primero, porque los hijos de las familias más pobres se ven obligados a abandonar la escuela, dado que aún en el sistema público, que es gratuito, mantener al niño en la escuela tiene un costo que va desde el costo de oportunidad, en el que incurre una humilde familia que deja de ocupar al niño escolarizado en algunas tareas del hogar, o el de no poder incorporarlo al mercado laboral informal, hasta los gastos de transporte, uniformes y útiles escolares. Segundo, porque la oferta educativa no es la misma para todo el mundo, como lo han demostrado los estudios de Gabriela Bronfenmajer y Ramón Casanova. Hay diferencias de calidad entre una escuela y otra, incluso hacia el interior del sistema público. Por su parte, las escuelas privadas, aun cuando no se salvan del deterioro general de la educación en el país, siguen siendo en promedio superiores a la escuela pública: sin embargo, sus matrículas resultan inalcanzables para una familia pobre. De manera que las familias más pobres envían a sus hijos a las escuelas de menor calidad. Y tercero, porque el escaso aprovisionamiento cultural de las familias más pobres limita sus posibilidades de participar óptimamente en el proceso educativo. Como es obvio, tales diferencias de oportunidad entre los hijos de familias ricas y pobres, se reflejan luego en las diferencias entre sus niveles de ingreso, y en las posiciones que unos y otros ocupan en la pirámide ocupacional, y por supuesto en todos los demás espacios de la sociedad»
El tercer aspecto al que deseo referirme es aquel que se relaciona con la formación de formadores y me permito decirlo con conocimiento de causa. A poco más de un año de haber sido emitida la resolución 1484, el ME –fundamentalmente a través de la Dirección de Docencia- ha coorganizado con la Red Venezolana de Educación en Derechos Humanos dos Encuentros Regionales y un Seminario Internacional de Educación en Derechos Humanos. En ambos nuestra participación fue entusiasta y generosa, pero ella nos permitió comprobar permanentemente la «escasez de recursos financieros» a los que se alude permanentemente. Y entonces debemos decirlo claramente: si una reforma curricular no va acompañada de procesos formativos para los docentes, de retroalimentación constante y de supervisión y retroalimentación permanente, la reforma estará condenada al fracaso o por lo menos no logrará cumplir con los propósitos para los cuales se dice fue formulada. Entre ellos, que «Favorezca el acceso de las mayorías al conocimiento garantizando su permanencia y desarrollo pleno […] Espacio donde se pueda examinar la validez de las pautas culturales y constituir otras superadoras […] Conceda prioridad a la enseñanza de los valores, dentro de los cuales revistan particular importancia: la tolerancia, la solidaridad, el respeto y el amor. […] Estimule el aprendizaje de las disciplinas del saber a partir de situaciones significativas, reales, vinculadas con la vida […] Propicie el aprendizaje y la enseñanza en un contexto de alegría y esperanza […] Fomente un ambiente de interacción y socialización […] Controle y revierta los efectos negativos de los agentes exógenos que ponen en peligro la prosecusión escolar […]
Por último, y en razón del espacio, deseo referirme brevemente a un último aspecto que reafirma la importancia del rol del docente en la educación es valores, y tiene que ver con el rescate del rol de líder que puede tener en las transformaciones que esperan las grandes mayorías del pa ís. No quiero hacer retórica sobre el tema. Quiero referirme específicamente a un aspecto: la pérdida del contenido de la gratuidad de la educación pública. Las denuncias aparecidas en los medios de comunicación social y las recibidas cada vez más frecuentemente en Provea dan cuenta de que progresivamente las cuotas de colaboración con la Sociedad de Padres y Representantes y con el Fondo de Suplencias están encubriendo en realidad un cobro de matrícula que a veces sobrepasa a las que se cobran en algunos institutos privados que trabajan en zonas populares, en abierta violación del artículo 78 de la Constitución Nacional que consagra la gratuidad de la educación en todos sus niveles -aún en la educación superior. Sabemos que esto se hace muchas veces con fines nobles, es decir, para suplir la falta de recursos que tiene el plantel para funcionar. Pero -aún cuando comprensible- no puede justificarse. Los docentes no pueden olvidar que con las cifras de pobreza y pobreza crítica de nuestra población, este cobro está desestimulando el acceso a la educación de cada vez mayores sectores. Seguir garantizando la educación gratuita para todos y todos es también hacer educación en valores. Es enseñar que la educación es un derecho, no una dádiva.
María Isabel Bertone
Coordinadora del Área de Educación
Provea
