En reciente audiencia privada realizada ante la Corte IDH, el Estado venezolano ha asumido su responsabilidad y ha manifestado que "llegó el momento de hacer justicia" y la existencia de "voluntad política" para hacerlo en este caso emblemático para la historia de los DDHH en nuestro país

La Masacre de El Amparo aconteció en Venezuela el 29 de octubre de 1988. Producto de la acción por parte de miembros del Comando Específico «José Antonio Páez» de las fuerzas de seguridad del Estado, integradas por tropas del Ejército y organismos policiales durante el Gobierno de Jaime Lusinchi, murieron masacrados 14 pescadores en los alrededores de la localidad de El Amparo, municipio Páez, estado Apure.

El caso provocó conmoción y rechazo en Venezuela y el mundo. Organizaciones de defensa de los derechos humanos y los dos sobrevivientes presentaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictaminó a favor de los afectados y exigió al gobierno nacional llevar ante la justicia a los responsables del crimen y pagar una indemnización a los familiares de los fallecidos.

Sin embargo, a la vuelta de los años, el Estado venezolano sólo cumplió con parte de la sentencia, dejando por fuera el procesamiento en el fuero civil de los responsables intelectuales y materiales de la masacre. A diferencia de otras violaciones masivas de derechos humanos ocurridas durante la «Cuarta República», como las de Yumare o Cantaura, ésta quedó relegada por el sistema judicial, constituyendo una clara discriminación en la administración de justicia para las víctimas.

Afortunadamente, en reciente audiencia privada realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano ha asumido su responsabilidad y ha manifestado que «llegó el momento de hacer justicia» y la existencia de «voluntad política» para hacerlo en este caso emblemático para la historia de los derechos humanos en nuestro país. Los presuntos autores intelectuales y organizadores de la llamada operación «Anguila III» investigados son los siguientes: Humberto Antonio Camejo Arias (G/D Ejército), Enrique Vivas Quintero (Cnel. Ejército, Jefe de Operaciones del Cejap), Henry López Sisco, (Comisario Gral. Disip) y Ramón Rodríguez Chacín (Cap. Navío). Los dos últimos mencionados para el momento de la masacre no pudieron participar pues habían sufrido un accidente al estrellarse el helicóptero militar donde viajaban.

Los funcionarios identificados (militares, disip y PTJ) que presuntamente dispararon contra los 14 pescadores son: Alí Coromoto González, Ernesto Morales Gómez, Omar Antonio Pérez Hudson, Salvador Ortíz Hernández, Andrés Alberto Román Moreno (a) Mario Perolito, Maximiliano José Monsalve Planchart, Celso José Rincón Fuentes (a) Hipólito, Carlos Humberto Durán Tolosa (a) Cocoliso, José Ramón Zerpa Poveda, Luis Alberto Villamizar, Franklin Gómez Rodríguez, Omar Gregorio Márquez, Tony Richard Urbina Sojo, Gerardo Rugeles Molina, Edgar Arturo Mendoza Guanaguanay, Florencio Javier López, Alfredo José Montero, Daniel Virgilio Vitanares Gómez y Jesús Rafael Rodríguez Salazar.

Algunos de los mencionados cumplen hoy funciones públicas y gozan de la absoluta impunidad. Será esta la oportunidad para el sistema de justicia de reivindicarse con las víctimas, con la sociedad y con el mandato constitucional de garantizar los derechos humanos sin discriminación a todos los venezolanos y las venezolanas.

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