Opinión: El balance necesario

Se cumplen 10 años de la Constitución aprobada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999. En esa oportunidad las mayorías dimos el visto bueno a un proyecto de país cuyos pilares fundamentales serían: el respeto al estado de derecho, la vigencia de la democracia como esencia del Estado y con ella la aceptación del pluralismo político, la justicia como valor esencial orientado a disminuir la exclusión social y promover la igualdad de oportunidades y la preeminencia de los derechos humanos estableciendo como fin esencial del Estado la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad.

Diez años es poco y mucho tiempo a la vez. Poco para realizar algunas transformaciones de estructuras o revertir carencias en derechos humanos que se afianzaron en décadas de desidia e inequidades en la distribución de las riquezas del país. Tiempo, a su vez suficiente como para realizar cambios significativos en la estructura económica, social y política del país. El balance no es el mejor. Persisten enormes déficit en materia de derechos humanos y queda mucho para hacer realidad la letra de la Constitución. Sin embargo, también hay resultados positivos.

La reducción de la pobreza es el resultado más favorable de la presente década. Ello tiene un gran valor desde la perspectiva de los derechos humanos. Una de las más impactantes violaciones a los derechos los constituye la existencia de millones de pobres excluidos y sometidos a permanentes obstáculos para poder ejercer y disfrutar tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos sociales y culturales. Las políticas públicas dirigidas a los sectores de menores recursos han permitido sacar de la línea de pobreza a más de 4 millones de personas. También hay que destacar como positivo el proceso de creciente distribución de tierra a campesinos y campesinos una antigua aspiración de los sectores más pobres del campo.

En otros ámbitos, sin embargo, los resultados no son nada alentadores. En 1999 fueron asesinados 471 presos, diez años después los asesinatos se mantienen en 422. En 1999 los cuerpos armados del Estado quitaron la vida de manera arbitraria a 101 personas, para 2009 esta cifra se duplicó y se registraron 205 violaciones al derecho a la vida. En 1999 se produjeron cuatro desapariciones forzadas, una década después las policías continúan realizando desapariciones forzadas pues en el año 2009 se registran ocho casos. Diez años atrás se produjeron menos de 5000 homicidios en el país, el año pasado hubo 14.467 convirtiéndose la inseguridad en el principal problema que aqueja a los venezolanos y venezolanas.

Sumamos a esta situación la persistente crisis en el sector salud, el incumplimiento del gobierno durante diez años consecutivos de las metas de construcción de nuevas viviendas con lo cual se agudizó la crisis en el sector y finalmente la ausencia de un sistema integral de seguridad social. Sin duda la realidad del país dista mucho de garantizar a todas y todos una vida digna. (Marino Alvarado, 18.12.09, Tal Cual)