Desde hace más de dos años el gobierno nacional y algunos dirigentes del PSUV vienen criminalizando la cooperación internacional que reciben partidos políticos y organizaciones no gubernamentales en el país. Se argumenta que los fondos recibidos son usados para conspirar y desestabilizar al gobierno. En el caso particular de Provea debemos destacar que recibimos fondos de la cooperación internacional desde hace 21 años.

En el pasado a ningún gobierno se le ocurrió calificar que dicho fondos estaban destinados a subvertir el orden constitucional. Los gobiernos del pasado, de la llamada Cuarta República, fueron tan críticos como el actual frente, por ejemplo, a los informes anuales de derechos humanos que publica la organización en el mes de diciembre de cada año. Algunos funcionarios en el pasado, como ocurre en la actualidad, fueron intolerantes frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Tenemos 21 años haciendo lo mismo: promoviendo y luchando por la vigencia de los derechos humanos de todas y todos; reclamando y proponiendo políticas para fortalecer la democracia; parcializados con las víctimas acompañándolas en su exigencia de justicia. Son 21 años luchando por los derechos sociales y contra la impunidad y nuestro trabajo ha sido posible entre otros factores gracias a la cooperación recibida de ONG internacionales y de gobiernos democráticos.

Nunca hemos ocultado esas fuentes de cooperación pues cualquiera que visite nuestra página web: www.derechos.org.ve no solo puede conseguir esa información sino leer y analizar las auditorías que nos realizan entes independientes. El monto y origen de esa cooperación la conocieron los gobiernos de la Cuarta y los conoce el gobierno actual porque informamos permanentemente al Banco Central y al Seniat. Otras ONG de derechos humanos en el país también publican e informan del origen de los fondos que reciben.

El gobierno venezolano que es un activo cooperante internacional proveyendo de fondos a estados y sociedad civil de otros países, sabe perfectamente que la cooperación que se realiza en el escenario internacional es parte normal de las relaciones entre los Estados. La cooperación a la sociedad civil de otros países forma parte de los postulados de la Organización de las Naciones Unidas. El artículo 13 de la Declaración de Defensores de este organismo internacional del cual forma parte Venezuela expresamente establece el derecho de individuos y colectivos de recibir y utilizar recursos para promover y proteger por medios pacíficos los derechos humanos. Otras declaraciones de Naciones Unidas también reconocen el derecho de las organizaciones sociales y civiles de recibir cooperación nacional e internacional.

Gracias a la cooperación internacional Provea ha podido contar con un equipo multidisciplinario que entre muchas acciones y actividades no vaciló en atender a los militares presos y familiares de los intentos de golpe de Estado del 04 de febrero de 1992 y 27 de noviembre entre ellos al actual Presidente Chávez; solicitó medidas cautelares a favor de Tarek William Saab en el golpe de Estado de 2002 y asesoró y veló por los derechos humanos de  funcionarios perseguidos por el breve gobierno de Carmona; se pronunció contra el golpe de manera inmediata hecho que resaltó el gobierno venezolano en su discurso ante la OEA, introdujo una acción de amparo en 1998 para defender el derecho a la educación universitaria gratuita en la Universidad Simón Bolívar y se reafirmó ese derecho; logró mediante una acción de amparo  desclasificar el expediente de la masacre de Yumare primer paso para las acciones jurídicas posteriores en marcha; ´presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una acción a favor de más de 1300 jubilados de la Cantv; logró mediante una acción de protección que se mejorara la unidad de terapia intensiva del Hospital JM de los Ríos para atender niños con cardiopatía; ha capacitado a ciento de personas en materia de derechos humanos de organizaciones sociales, consejos comunales y entes públicos; trabajó junto a otras ONG en presentar una propuesta de Capítulo de Derechos Humanos a la Asamblea Constituyente de 1999 de la cual hoy nos beneficiamos todos y todas en el país; cientos de personas de escasos recursos han contado con la asesoría jurídica gratuita; nuestras publicaciones han sido usadas por cientos de organizaciones sociales, académicos y funcionarios y funcionarias. Como anécdota hace un año del Palacio de Miraflores mandaron a comprar todos los informes de Provea  sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (año a año) para un análisis que la sala situacional realizaba sobre protestas en Venezuela; el Ministerio del Trabajo nos ha solicitado los informes sobre sindicalistas asesinados. Para estas actividades lícitas ha usado Provea su financiamiento internacional, para contribuir a fortalecer la democracia, promover los derechos humanos y acompañar a los más pobres, a los excluidos para exigir sus derechos principalmente los económicos y sociales. Son 21 años luchando por los derechos sociales y contra la impunidad.

Los funcionarios públicos del país  en lugar de obstaculizar el trabajo de las organizaciones que acompañamos a las víctimas en sus reclamos de justicia deberían facilitar que cumplamos el mandato del artículo 132 de la Constitución que establece el deber de toda persona de promover y defender los derechos humanos.

Marino Alvarado
Coordinador General
Provea

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