Por Tello Benítez
Los acontecimientos que han tenido como escenario los tribunales de la República afectando a una población muy sentida por las decisiones tomadas en esas instancias judiciales, al considerarlas injustas, ha puesto el tema de la justicia en la calle, es parte de la conversación en los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los sectores populares, víctimas éstos últimos de una dirigencia incompetente e irresponsable que no ha resuelto los problemas que cultivan la pobreza, que es la causa principal para que las cárceles estén pobladas de pobres, a pesar de esa mala copia de Robin Hood que tenemos en Miraflores.
Larguísima es la lista de casos sonados que se vienen a la mente de cualquier venezolano cuando hablamos de las criticadas sentencias de los jueces. A lo anterior se suma la extendida convicción de la dependencia de las decisiones judiciales de lo poderes ejecutivo y legislativo, y particularmente del Presidente de la República.
A fin de mantener firmes las decisiones que se toman en el terreno judicial, el gobierno obstaculiza e impide cualquier constatación internacional y no cumple las recomendaciones y decisiones de los organismos de las Naciones Unidas, como la OIT.
Es grave el problema de la justicia en Venezuela y sospechamos que debe ser muy preocupante para buena parte de quienes ejercen la función de juez. Soy de los que piensa que uno de los cargos más inestables en Venezuela es de Juez, incluso, muchos jueces titulares que se creen estables en sus cargos, debieran tener en cuenta que en un país con tanta injusticia sentida, tan mal manejado institucionalmente, y convulsionado políticamente, la necesidad de cambios y de corrección de rumbos los hace inestables en sus cargos.
Cualquier ciudadano podría argüir que los jueces son responsables del creciente desprestigio del poder judicial venezolano, porque la competencia que les atribuye el párrafo segundo del 253 constitucional y la responsabilidad que les establece el último párrafo del 255 de la misma constitución, son meridianamente claras. Pero la experiencia venezolana ha revelado que esto no es suficiente para tener el Poder Judicial que aspiramos los habitantes de Venezuela.
Para ilustrar más el problema que tenemos en mano y la gravedad del mismo, escuchemos a Don Ángel Osorio cuando dice, “la justicia no es solo un Poder sino el más trascendental de los poderes. Actúa sobre los ciudadanos en su hacienda, en su libertad y hasta en su vida. Está sobre el Gobierno porque enjuicia a sus miembros y porque revoca y anula sus disposiciones en la vía administrativa. Impera sobre el mismo Parlamento ya que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes”. (El Alma de la Toga, pág. 360. Buenos Aires 1978).
Pero contrario a lo que dice Ángel Osorio, el venezolano ve hoy amenazada su propiedad por la justicia e igualmente su libertad y su vida. Los que comenten los desafueros contra la constitución y las leyes siguen en el poder sin ser enjuiciados y las decisiones en el contencioso administrativo casi todas son favorables al gobierno. Leyes claramente inconstitucionales para cualquier lego nadie confía en que el Tribunal Supremo de Justicia las declarará inconstitucionales aún haciendo la solicitud respectiva.
El problema de la justicia en Venezuela debe estar en la agenda de los trabajadores, en la agenda de un nuevo poder sindical.
Creo que sigue planteada la propuesta debidamente elaborada que en 1997 llevara al Congreso Nacional el Dr. José Rafael Mendoza de elegir popularmente a los magistrados.
(*) Abogado. Ex secretario general de Sutiss
Fuente: http://www.correodelcaroni.com/content/view/176456/107/
