Desde hace muchos años la pequeña minería ilegal, así como la gran minería sin control efectivo del Estado, vienen causando un grave daño ambiental en diversas áreas del estado Bolívar. Se afecta el hábitat de los pueblos indígenas, se contaminan las aguas y se destruyen o debilitan ecosistemas en las cuencas de los ríos y se perturba la vida de la extraordinaria fauna existente. En el año 2006 el gobierno nacional, consciente de esa situación y del deterioro significativo de las cuencas del Caroní y la Paragua, anunció el desarrollo del proceso de reconversión minera. Se ofreció a los mineros el otorgamiento de créditos y la capacitación para que realizaran otras actividades productivas. Dicho plan se cumplió parcialmente, pero sin lograr su objetivo principal: detener la destrucción del ambiente y la presencia de la minería ilegal. Algunos mineros frustrados por el incumplimiento de las promesas regresaron a sus actividades ilegales, otros beneficiados por los planes gubernamentales también prefirieron retomar la minería y muchos se desplazaron a otros lugares. Actualmente el Alto Caura es una de las zonas más afectadas. Una intensa deforestación es acompañada de la contaminación con mercurio de, por ejemplo, las aguas del río Yuruaní afluente del Caura. Organizaciones ambientalistas tales como el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) o investigadores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana vienen denunciando desde hace varios años la problemática. Igual denuncia realizan las comunidades indígenas. Afirman que es inadecuada la respuesta de los órganos y entes del Estado responsables de atender dicha situación. Además, señalando una tímida actuación del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y complicidad de sectores de la Fuerza Armada y organismos policiales.
El hecho cierto es que día a día la problemática ambiental se agudiza. Por lo tanto, se requiere una actuación decidida y urgente de órganos y entes del Estado para detener la acelerada destrucción del ambiente en la región Guayana. En tal sentido, es fundamental la acción coordinada de la Asamblea Nacional, de los ministerios del Ambiente, Defensa y Pueblos indígenas, de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y gobernación del estado Bolívar. La acción estatal no debe desarrollarse repitiendo el error que se produjo en el proceso de reconversión minera donde se constató una gran dispersión de los entes públicos ejecutando incluso medidas contradictorias. Es fundamental consultar e incorporar activamente a los pueblos indígenas y las organizaciones ambientalistas de la zona. El desalojo de los mineros se debe ejecutar sin que se produzcan violaciones a los derechos humanos como las cometidas por efectivos del Teatro de Operaciones número 5 quienes el 22 de septiembre de 2006 en el sector de La Paragua, Municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar causaron de la muerte de seis mineros hecho por el cual fueron procesados 14 militares.
Marino Alvarado
Coordiandor General de Provea
