Por Elsie Rosales
En 1981, la Premio Nacional de Ciencias Mirla Linares publicó desde la UCV su reconocida obra sobre el Sistema Penitenciario de los 60 y 70. En los 80, se dictaron más de 100 mil alternativas para aliviar el hacinamiento. En los 90, el continente adelantó reformas procesales cuya filosofía era aumentar las garantías para hacer más eficaz el sistema penal (SP), disminuir la impunidad y acercar la justicia a las víctimas.
Venezuela de nuevo se confronta con cárceles y comisarías repletas de procesados ante una justicia que, a pesar del cambio procesal, no dejó de estar policializada. Un SP caracterizado por procesos de criminalización, que erráticamente define quién será encarcelado, no porque haya cometido delitos graves como homicidios o secuestros, sino porque la arbitrariedad lo elige por su vulnerabilidad (condición social desfavorable) o la directriz foránea (guerra contra las drogas).
Una explicación a este extravío es que tendemos a «creer» que el delito y la victimización se resuelven con el SP. Esta idea envuelve la creencia de que el mismo los evitará, incluso se puede creer que su componente más cercano a la vida cotidiana -la policía- será la que cargue con el peso de la inseguridad, exponiéndola a desatinos y corruptelas que conspiran contra su reforma.
Estos equívocos han llevado a que desde que se dictó el COPP en 1999, se le haya desmantelado bajo la sombra de decisiones del TSJ y de reformas punitivistas que pretenden responder a demandas sociales. Estudios del Instituto de Ciencias Penales-UCV muestran un marcado aumento del encarcelamiento en comisarías y cárceles desde 2001, cuando una de estas reformas acabó con buena parte del COPP. Esta tendencia se acentuó desde 2006 con la reforma del Código Penal, acompañada de otras leyes enceguecidas.
Tal población encarcelada es flotante, entra y sale del SP en tiempos que van desde días y en promedio dura un año. La mayoría son procesados y sus causas apenas están en investigación, pero igual son presos. Esa violencia del SP redunda en la comunidad, constituye un mecanismo circular policializado de violencia que atrae y saca personas, casi siempre jóvenes, de un sistema arbitrario que no necesariamente los captura por haber incurrido en los delitos más perniciosos. Por ejemplo, encarcela a muchos que no son precisamente los capos del perverso negocio de la droga, por obra de planes como Dibise que aunque con aciertos, desde 2010 ha agravado el abuso del encarcelamiento al incurrir en el error de priorizar el «microtráfico».
Procesos de criminalización equívocos como el de las mujeres por drogas, quienes en una posición subalterna constituyen el 97% de las encarceladas; o la del varón por abuso policial en una aberrada aplicación de la Ley Sobre Violencia Contra la Mujer, que a pesar de su horizonte emancipador, ha sido torcida por la odiosa práctica de la detención.
Mientras tanto, muchos delitos graves que afectan a la comunidad campean su impunidad ante un SP que no capta su verdadera ocurrencia como sucede con los secuestros, y que por tanto reclama priorizar para volverse eficaz y garantista.
27.06.11 El Universal
