“…El Gobierno de los Estados Unidos toleraba, aparentemente con poca atención oficial, la actuación de exiliados salvadoreños viviendo en Miami especialmente entre 1979 y 1983. Este grupo de exiliados directamente financiaron e indirectamente ayudaron a dirigir algunos escuadrones de la muerte, según testimonios recibidos por la Comisión. Sería útil que otros investigadores con más recursos y más tiempo esclarecieran esta trágica historia para asegurar que nunca más sea repetida, en los Estados Unidos, la tolerancia a personas vinculadas con actos de terror en otros países”. El párrafo precedente es una de la conclusiones oficiales de la Comisión de la Verdad para El Salvador que figuran en su informe final presentado en 1993 en el marco de la Misión de las Naciones Unidas para El Salvador. Los escuadrones de la muerte fueron uno de los más violentos actores durante los doce años de la cruenta guerra civil salvadoreña, y sobre ellos la Comisión de la Verdad recibió 817 denuncias de casos de secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias ocurridas entre 1980 y 1991.
“…El Gobierno de los Estados Unidos aceptó restituir al Gobierno actual ?de Haití? unas 150.000 páginas de documentos incautados en los locales del FRAPH en octubre de 1994. No obstante, los Estados Unidos tienen intención de hacer antes una selección de estos documentos a fin de no comprometer la seguridad de sus ciudadanos…”. Así se refiere, en un informe oficial sobre Haití, el experto de las Naciones Unidas, Adama Dieng, al dar cuenta de los documentos sustraídos, sin ningún derecho, por las tropas de Estados Unidos en octubre de 1994 luego de su desembarco en el país caribeño. En consecuencia, dichos documentos no estuvieron a disposición de la Comisión de Verdad y Justicia de Haití al realizar sus investigaciones en 1995 y al parecer hasta los momentos no han sido devueltos al Estado soberano de Haití. La estructura paramilitar Front Révolutionnaire pour l’Advancement et le Progrès d’Haïti (FRAPH) fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del general Raoul Cedras, violaciones que debían ser investigadas por dicha comisión.
Estos dos capítulos de la historia de América ilustran actuaciones de los gobiernos de Estados Unidos que son, cuando menos, contrarias a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos, de acuerdo a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. En particular nos referimos al artículo 1º que basa las relaciones amistosas entre las naciones en el principio de la igualdad de derechos de los pueblos y en su derecho a disponer de sí mismos y que funda la cooperación internacional en el estímulo y desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los mismos principios fueron retomados por la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 1948.
No en vano las cartas fundamentales de la ONU y de la OEA datan de los años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando buena parte de los pueblos fueron víctimas de delirantes genocidas. Esta dolorosa experiencia de la humanidad llevó a las naciones a plantearse pautas de convivencia civilizadas que redujeran la guerra y abrieran espacios para la paz como fin primordial de las relaciones internacionales. Es por ello que los pueblos de los Estados Unidos y de los demás países del planeta, tienen el derecho y la obligación de exigirles a sus gobernantes, respetando el Estado de derecho y la democracia, que sus actos se ajusten a los principios fundamentales del derecho internacional y en especial a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En particular, el gobierno de los Estados Unidos debería dejar claro que ha renunciado a prácticas como las que mencionamos antes, y que está dispuesto a que internamente su conducta sea sometida al escrutinio público del pueblo estadounidense, y a las investigaciones del poder legislativo y del poder judicial. La misma actitud de responsabilidad y transparencia debería orientar también sus actuaciones ante el resto de la comunidad internacional, incluidos nosotros, los pueblos de esta parte de América.
Calixto Ávila Rincón
