La historia nos ha enseñado como los pueblos y sus movimientos sociales han luchado por mejores condiciones de vida, según sus necesidades-idiosincrasia-visión del mundo.
Así pues no es lo mismo para un indígena Yanomami que vive en Amazonas rodeado de naturaleza la necesidad y dependencia al servicio eléctrico, como lo es para un mexicano que se desplaza a primeras horas de la mañana en su ciudad, o las mismas necesidades de las personas privadas de libertad en las cárceles de Austria que las que se encuentran recluidas en la cárcel de La Planta en Caracas, ni las mismas demandas de seguridad de los habitantes de cualquier favela de Río de Janeiro que las de los residentes de Ginebra. En todo caso, las sociedades tienen su evolución o involución, según el cristal con que se mire, pero siempre han tenido un eje o punto medular, y es la búsqueda de calidad de vida, una posición que realce la dignidad humana de sus habitantes. Y es allí donde se construyen los esfuerzos para garantizar que cada sociedad-pueblo-nación levante su voz de protesta para rechazar, respaldar o proponer medidas a sus dirigentes.
Esas voces históricas han conseguido innumerables logros para la humanidad, desde la abolición de la esclavitud, pasando por reivindicar los derechos de las mujeres, hasta la posibilidad de que cualquier persona sin importar su raza color, credo o preferencia sexual pueda llevar las riendas de un país, por dar ejemplos genéricos. Esas voces, que siempre han estado, se conjugan con un entramado de artilugios jurídicos creados por el hombre, incluso el mismo hombre que en algún momento alzó su voz, para decidir regular-controlar cuando una voz es muy fuerte, muy aguda o muy grave al oído de quienes están en el poder. Para estas voces incomodas que se alzan y protestan frente a gestiones públicas ineficientes se establecieron mecanismos y sistemas silenciadores, sistemas certificados por los grupos políticos poderosos y con la complicidad de líderes mundiales. Uno de esos sistemas es el uso de la fuerza, una fuerza que es ejecutada por personas que sufren y padecen las mismas desavenencias que quienes protestan, pero fuerza al fin siempre impone su voluntad, o la voluntad de quien la dirige o la ordena. De tal manera que, argumentando la necesidad de un estado de paz social, el stablishment, denominado por algunos orden interno, por otros estado de complicidad, se ataca a cualquier elemento que pudiese estar afectando dicho orden. Y ese ataque no es otro que el uso de la fuerza, una fuerza justificada, con consignas o títulos de uso proporcional o diferenciado, según sea el caso, título justificado o avalado por las Naciones Unidas (NNUU), pero fuerza al fin, siempre impone su voluntad, aplicando un sinfín de herramientas, instrumentos, equipos y armas, desde las más rudimentarias como un bastón hasta las modernas como un lanzador de descargas eléctricas, pasando por las sustancias tóxicas paralizantes y asfixiantes.
Según NNUU, el uso proporcional de la fuerza, por parte del Estado o grupo dominante, se aplica para controlar proporcionalmente, gradualmente, a quienes intenten afectar el orden, si la voz es grave, la fuerza tendrá ese tono, pero si es aguda inmediatamente se le imprime más fuerza al control, o viceversa, siempre será en consonancia al ritmo de quien grite, pero sólo en el papel. El uso diferenciado, entonces se refiere a que la fuerza debe emplear instrumentos de fuerza acorde con el utilizado por su contraparte, los que intentan romper el stablishment, por ejemplo si esa voz (ruido) se hace con un megáfono, para controlarla debe ser algo similar o que esté a tono con la melodía del megáfono, esto sólo en el papel. Pero fuerza al fin nada la detiene. Fuerza que aunque esté legitimada o adornada por una legislación o grupo de poder, va en contra de la dignidad de los pueblos. ¿Y en qué momento los que dirigen y quienes ejecutan esa fuerza están a tono con quienes protestan? Los que la ejecutan son denominados por NNUU Funcionarios Responsables de Hacer Cumplir la Ley, la ley del stablishment, del orden, la ley del más fuerte. Y quienes protestan son denominados pueblo-gente-pobres-comunidad-sociedad-barrio-favela-chavistas-antichavistas-mundo-país, entre otros. Así pues, cualquier uso de la fuerza, por más eufemismos que se le impriman siempre será un abanico repleto de represión.
Solo en Venezuela, en los últimos 10 años, en el contexto de protestas y movilizaciones de calle, se han registrado 30 fallecidos, al menos 3 por año. Y más de 4.000 lesionados, unos 400 por año, de octubre 2008 a septiembre 2009 se registró en toda Venezuela 584 personas que padecieron tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la fuerza pública. Gracias a esa fuerza, proporcional y diferenciada y democrática. Y sin tomar en cuenta los más de 2000 fallecidos, en la última década, en presuntos enfrentamientos con los Funcionarios que representan la fuerza.
¿Entonces, controlar el orden público-mar de la felicidad-país-Venezuela requiere de altas dosis de equipos represores-silenciadores-apagadores de voces, justificados y amparados en el uso proporcional y diferenciado de la fuerza? ¿O será que es más fácil o más rentable utilizar la fuerza que gerenciar bien? Entonces tendríamos que analizar si existe proporción entre el ruido de una bala de cañón y la voz de un jubilado exigiendo pensión. Tendríamos que medir también si se corresponde el chispazo de una peinilla contra el suelo con el grito de una parturienta en una maternidad sin insumos médicos.
Y qué pasará cuando la parturienta y el jubilado protesten para exigir sus derechos ¿se impondrá la necesidad del orden interno sobre su dignidad?
Marco Antonio Ponce
Investigador del derecho a la manifestación pacífica
