Hace algunos años le escuché al bueno amigo Carlos Ayala Corao la idea de que los regímenes que buscan suprimir las libertades, apelan a una estrategia de golpear o desacreditar al mensajero, esto con el fin de debilitar o descalificar el mensaje.
Esta premisa, por otro lado, está claramente conectada con la imposibilidad de un ejercicio pleno de la libertad de expresión en sociedades, como la venezolana, en donde la respuesta a la crítica pública es el linchamiento discursivo y simbólico por parte de quienes ejercen el poder.
Poder ejercer la crítica, como parte central del debate público, es un derecho consustancial de la democracia moderna, llámese ésta representativa o participativa.
Dos hechos recientes evidencian la tendencia de golpear al mensajero, en el contexto de la Venezuela actual, donde se va achicando el espacio para ejercer la libertad de expresión, en la medida en que la palabra pública, cuando es crítica, desencadena consecuencias.
El gobierno, pero en particular el presidente Hugo Chávez, sólo espera el halago de la expresión pública de los ciudadanos.
La serena pero firme aseveración del cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, de que el país se enrumba hacia el comunismo, ha tenido como respuesta una clara operación gubernamental de desacreditar al mensajero.
En una sociedad democrática plena, el punto de vista del prelado, habría sido respondido con otra idea, con otra opinión. Aquí, el presidente Chávez apeló con rapidez al insulto y la descalificación personal, esto con el fin de que pierda fuerza el mensaje del cardenal.
El punto de vista del obispo es tan válido como el de cualquier venezolano que piense eso mismo o lo contrario.
La acción oficial de descalificar a quien critica, que se ha sostenido a lo largo del tiempo, es tal vez una de las mermas más significativas que tiene la sociedad en materia del derecho pleno a expresarse, durante los años que ha gobernado Chávez.
Con tales arremetidas públicas, que suelen suceder en cadena nacional de radio y televisión, es decir, tienen lugar contando con todo el aparato mediático del país, se busca el amedrentamiento y el silenciamiento de la crítica.
La recuperación democrática del país, desde mi punto de vista, implicará un ejercicio pedagógico por parte de quien ejerza el poder para recuperar un debate político que siendo vigoroso sea respetuoso del otro. Todo un desafío.
El otro caso que evidencia la estrategia oficial de descalificar el mensaje atacando al mensajero tiene que ver con las acciones contra las organizaciones Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público.
El Movimiento por el Periodismo Necesario, una organización muy gubernamental (OMG), tal como lo fue en su momento Periodistas por la Verdad, ha solicitado que la Fiscalía General actúe contra las dos entidades, bajo la acusación de que han recibido dinero de Estados Unidos.
Tal vez ha sido un paso adelantado de este grupo de periodistas que se identifican con el chavismo, pues hasta ahora no es un delito la recepción de dinero desde el exterior, como parte de los programas de cooperación que existen con muchas naciones del mundo.
Sobre esto debe acotarse que sí hay un proyecto de ley de cooperación internacional, aprobado en primera instancia hace algunos años, cuya interpretación sí puede convertir en delito la recepción de dinero internacional por parte de la sociedad civil venezolana.
Estamos en presencia de una acción que básicamente busca descalificar a estas organizaciones, las cuales por cierto vienen destacándose en la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, con acciones dentro y fuera del país.
Al atacar al mensajero, como hemos sostenido, en este caso el gobierno no sólo busca castigar judicialmente al IPYS y Espacio Público, sino descalificar lo que estas organizaciones puedan denunciar en materia de abusos y restricciones en un derecho tan sensible para la imagen pública internacional del régimen.
No es difícil imaginar el guión que seguirá el gobierno cuando estas entidades presenten sus informes o hagan señalamientos ante hechos restrictivos: se les descalificará rápidamente por su financiamiento foráneo.
Es un libreto repetido, una y otra vez, sólo cambian los acusados y las acusaciones, pero el esquema se mantiene inalterable. No estoy seguro de que le rinda frutos con el conjunto de la sociedad venezolana, pero sin duda es un mensaje que se dirige a los seguidores más radicales del régimen.
Es un mensaje que les habla a los «chavistas patria o muerte» de una batalla contra enemigos por ser golpistas, tal como se ha dicho contra el cardenal sin prueba alguna, por cierto; o contra los aliados del imperio, la coletilla que ahora se les endosará a IPYS y Espacio Público.
El guión, por cierto, también busca desviar la atención pública del enorme fracaso que representa para esta gestión «socialista» la corrupción e ineficiencia que se esconden detrás de la comida podrida de Pdval.
Tal como lo ha sostenido Luis Vicente León, el Presidente saca ganancia si logra que durante algunos días los principales titulares de prensa omitan su fracaso y se dediquen a sus ofensas e improperios. No pocas veces lo logra.
Andrés Cañízalez
Publicado en Tal Cual
