En 2007 como en este 2010, el gobierno de Hugo Chávez usó subterfugios legalistas (es difícil calificar de legal a decisiones en las que se hace un uso arbitrario del poder) para en primera instancia dejar sin permiso de televisión abierta a RCTV, y ahora también sacar de la televisión paga al canal de Quinta Crespo.
Ambos procesos pusieron en evidencia dos aspectos que preocupan a la comunidad internacional que defiende la libre expresión: no hay en nuestro país organismos autónomos que apliquen la ley en materia de comunicación social, pues obviamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) es absolutamente dependiente de los deseos del Ejecutivo y que a la cabeza de ésta se encuentre Diosdado Cabello confirma el rol político de dicha instancia; igualmente preocupa que las decisiones que toma el ejecutivo no dejan espacio para la legítima defensa que tienen todos en nuestro país, incluyendo a los medios de comunicación.
El viernes pasado tuvimos otra muestra de cómo el gobierno de Venezuela no parece descansar en su posición de dejar fuera de la televisión, antes abierta, ahora por suscripción, al canal RCTV.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le informó el pasado viernes a la planta que no había cumplido con los lapsos y que por tanto no podía otorgarle la condición de productor nacional audiovisual, un requisito establecido el pasado 22 de diciembre a todos los canales por suscripción que operan en el país.
En su momento sostuvimos que tal providencia de Conatel perseguía, fundamentalmente, castigar al canal de Quinta Crespo, y con ello no sólo dejar por fuera a un medio con una línea editorial crítica, sino al mismo tiempo enviarle un mensaje al resto de medios del país.
En un comunicado hecho público el 5 de marzo, Conatel defendió su decisión que «se produce en vista de la presentación extemporánea de la solicitud de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Producción Nacional Audiovisual formulada por RCTV el pasado 22 de febrero de 2010».
Según Conatel, el procedimiento de RCTV fue «20 días hábiles siguientes a la calificación realizada por el ente regulador de las telecomunicaciones en fecha 15 de enero de 2010, siendo que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, contaba con un plazo de 15 días hábiles para formularla».
El canal, con una línea editorial crítica, calificó el mismo viernes de ilegal esta decisión. Tampoco Conatel le dio permiso de operación al nuevo canal RCTV Mundo, porque según el ente regulador la solicitud no tuvo «suficiente documentación que pruebe que su programación no excede el 29,99 % de producción nacional».
De acuerdo con el canal, y partiendo de lo establecido en el derecho administrativo de Venezuela, el canal debió ser notificado que los trámites para ser considerado productor nacional audiovisual estaban paralizados, tal como argumenta Conatel.
Según el ente, entre la calificación de RCTV como productor nacional audiovisual y la inscripción formal del canal transcurrieron más 15 días. Lo primero lugar el 21 de enero y lo segundo el 22 de febrero de 2010.
Según un comunicado de RCTV, en las leyes venezolanas «para que opere un desistimiento por paralización de un procedimiento, es necesario que la administración notifique previamente al interesado que el procedimiento se encuentra paralizado.
El desistimiento no opera de pleno derecho sino que requiere que la administración haga una advertencia al interesado, luego de la cual comienzan a correr esos 15 días hábiles a que hace referencia el artículo 32 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones».
Para el canal, el procedimiento como tal se debió iniciar cuando el canal hizo su solicitud el 22 de febrero pasado, y que por tanto hasta el pasado viernes sólo habían transcurrido 9 días hábiles desde la presentación de la solicitud.
La historia vuelve a repetirse en esta suerte de guerra a muerte contra RCTV. Se utilizan subterfugios legalistas. En 2007 fue el argumento de que se vencía la concesión y que era imperiosa la salida de RCTV para dar paso, en dicha señal, a un medio de servicio público.
Con la regulación de la televisión por suscripción, aprobada por cierto el 22 de diciembre cuando el país y su gente estaba en plenas fiestas navideñas, ha quedado en evidencia que se buscaba sancionar a RCTV, porque venía siendo una suerte de escape a la hora de las cadenas nacionales de radio y televisión.
Ahora, una vez que el canal expresó su disposición de apegarse a la norma, bajo protesta, se sostiene una argumentación procedimental por parte de Conatel, que en el fondo, es una estrategia para mantener el castigo sobre este canal. El gobierno está jugándose todas sus cartas para asfixiar a este medio de comunicación.
