Que el Estado se dé a la tarea de mejorar y consolidar su sistema de medios no es, en sí misma, una iniciativa criticable. Lo censurable es que lo haga con la intención hegemónica de la parcialidad política que circunstancialmente ejerce el poder
Por: Raisa Urribarrí
La reciente salida de RCTV de las compañías de TV por suscripción y la renuncia, supuestamente forzada, del director de Globovisión pusieron nuevamente sobre la cresta de la ola un tema omnipresente en Venezuela: la hegemonía mediática, empresa en la que el gobierno no ha dejado de avanzar desde que, como ha señalado el investigador Marcelino Bisbal, comenzara a fraguarse el «Estado-comunicador» en el año 2002.
El cierre de la señal abierta de RCTV en el año 2007 y el de 34 emisoras de radio y TV dos años después significaron hitos mayúsculos, pues muchos de éstos eran canales emblemáticos, de larga tradición y audiencia; pero, como se ha resaltado, la cruzada ya había arrancado cinco años antes y mostrado una de sus punta de lanza: la ocupación de los llamados medios alternativos o comunitarios (MAC).
Definidos como contrahegemónicos por su naturaleza contraria al poder, en Venezuela este tipo de expresiones comunicativas, también llamadas vecinales o de base, entre otras adjetivaciones, si bien gozaban de una larga tradición enraizada en las luchas populares de los años 60-70, eran prácticamente nulas a finales de los años 90.
Debido a las exigencias legales para poder operar una frecuencia del espectro radioeléctrico, las emisoras de radio comunitaria eran pocas; las de TV, aunque se contaba con casos interesantes, como Teleboconó, que funcionaba como una escuela, eran casi inexistentes. Los medios que más se producían, por su menor costo y dificultades técnicas para su elaboración, eran los impresos.
¿QUÉ PANORAMA TENEMOS HOY?
En junio del año 2000, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el Estado reconoce la existencia de las emisoras de radio y TV comunitarias. En enero de 2002 se promulga el Reglamento que establece sus fines y regula su funcionamiento como medios para la comunicación plural y transparente de las comunidades organizadas.
A partir de esa fecha los medios alternativos cobran nueva vida, pero su renovado impulso no se debe a la apertura de alguna compuerta que hubiera sido sellada ex profeso para coartarlos, sino debido a los tristemente célebres sucesos del 11 de abril de 2002, como lo reconoce Wilmer Peraza, director de Guachirongo 98.5 FM, en una nota publicada en el portal del Ministerio de Comunicación e Información (Minci): «En el 2002 logramos que el mundo se enterara de lo que sucedía, a pesar de que los medios privados eran cómplices».
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Andrés Izarra en el año 2007, en ese entonces al frente del Minci, para lograr la hegemonía comunicacional el gobierno se dispuso a penetrar varios escenarios, entre ellos el que ocupan los MAC, los cuales comienzan a multiplicarse a lo largo y ancho del país y a recibir un notable financiamiento oficial. Aunque no se dispone de cifras actualizadas, de acuerdo con sus declaraciones a finales del año 2008 era posible contabilizar cerca de 600.
A mediados del año 2006 estadísticas de Conatel mostraban que en apenas dos años (2004-2006) un total de 108 emisoras habían recibido cerca de cuatro mil millones de bolívares para la adquisición de equipos, capacitación, adecuación de la infraestructura e, incluso, para la constitución de las fundaciones que los gestionan.
Que el Estado se dé a la tarea de mejorar y consolidar su sistema de medios no es, en sí misma, una iniciativa criticable. Lo censurable es que, lejos de responder a un saludable interés por democratizar las comunicaciones y promover un sistema de servicio público, como establece el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria, este esfuerzo se corresponda, como ha sido reconocido abiertamente, con la intención hegemónica de la parcialidad política que circunstancialmente ejerce el poder. Al ser puestos (o ponerse, el resultado es el mismo) al servicio de ésta y constituirse en uno de sus altavoces, abandonan su quehacer tradicional y vulneran los principios que les otorgaban sentido y legitimidad.
ABUSOS Y CONTRADICCIONES
A pesar de la inexistencia de un minucioso análisis de contenido y de un amplio monitoreo radioeléctrico, la mayoritaria adhesión al gobierno que expresan los MAC es un hecho notorio.
Estudios puntuales como el de las estudiantes de la UCAB Mireya Rodríguez y Aura Velazco, quienes analizaron el desempeño de cuatro emisoras comunitarias del municipio Guaicaipuro del estado Miranda, concluyen que los fundadores de éstas se identifican abiertamente con el sector oficial, lo cual, según su audiencia, influye sensiblemente en la programación.
En estados como Trujillo, un conjunto de estas emisoras conforman incluso una red definida como «Socialista y Revolucionaria» que, entre otros mecanismos, se vale de las «cadenas» para transmitir el programa que conduce semanalmente el gobernador, militante del PSUV.
Este tipo de actuación, vale destacar, contraviene el artículo 26 del Reglamento, el cual establece que estas emisoras deben abstenerse «de transmitir mensajes partidistas o proselitistas de cualquier naturaleza». Pero no sólo se vulnera ese artículo. Y con nefastas consecuencias.
Un caso emblemático, que ilustra la malsana reconfiguración que han sufrido los MAC, es el de radio Minumboc 104.1 FM, ubicada en Carache, cuya fundación, a contrapelo de lo dispuesto en el artículo 22 que prohíbe a los dirigentes de partidos políticos o grupos de electores integrar los órganos de dirección de las fundaciones comunitarias , era presidida por Antonio Torres, justamente cuando éste era precandidato a la Alcaldía de Carache en las filas del PSUV en el año 2008.
En el fragor de la campaña electoral, durante la cual Torres se deslindó de la fracción mayoritaria de su partido, la emisora fue atacada, destruidos sus transmisores y sacada del aire. Un año después, en noviembre de 2009, cuando se produjeran fuertes protestas en contra de Sogel Sallam, quien finalmente se impusiera sobre Torres en la lucha por la Alcaldía de Carache, la emisora fue acusada de haber alentado las movilizaciones y, como lo recoge el informe de Provea, corrió el riesgo de ser intervenida por los organismos nacionales y regionales.
LAS CORRIENTES DE FONDO
Pero en este sector también es posible distinguir diversas tonalidades y algunas emisoras comienzan a expresar sus deseos de autonomía.
Puesto que dependen, como en el caso de las radioeléctricas, de la habilitación de Conatel para operar la frecuencia del espectro y, en casi la totalidad de los casos, también del financiamiento estatal, no es difícil deducir que ello no les resulte sencillo.
Una declaración de la Red Venezolana de Medios Comunitarios (RVMC) en la que se oponen a actuar como brazo de un partido político y a expresar un pensamiento único es una muestra de ello. Las emisoras agrupadas allí, aunque reafirman su apego y apoyo al «proceso bolivariano», reiteran su deseo de integrar a todas las radios y televisoras comunitarias en un movimiento amplio y plural.
Al igual que en la RVMC, la Red Interactiva de Radio Comunitaria de Mérida, que agrupa doce emisoras, también ha manifestado posiciones similares, cuestionando imposiciones burocráticas que vulneran los intereses de los activistas comunitarios y colectivos con arraigo territorial.
UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD
Pero más allá de la postura político-partidista a la que adhieran estos medios, otro elemento que cobra importancia es uno estrechamente vinculado con la formación de sus hacedores. Porque una cosa es esgrimir una postura política, por demás legítima, y otra, muy distinta, la mediocridad, según aprecia Rafael Uzcátegui, miembro del colectivo ácrata El Libertario, quien se pregunta con preocupación: ¿Son alternativos los medios alternativos? Según este analista, de nada sirve tener medios alternos para difundir lo que otros omiten, si los contenidos no son cualitativamente diferentes y se reproducen prácticas perniciosas como la falta de contraste entre versiones disímiles, la argumentación de puntos de vista con base en consignas, la descontextualización y la selección de fuentes de acuerdo con un filtro ideológico, entre otras.
En nuestro criterio los gestores de la mayoría de los MAC que prevalecen hoy han olvidado dos de sus más caros objetivos: el enriquecimiento de la agenda pública con asuntos que expresen las verdaderas necesidades de los colectivos populares, y el de sarrollo de prácticas comunicativas alternas que ayuden a sus públicos a usar la información de manera eficiente y a desarrollar la capacidad de formarse una opinión propia y sustentada.
En medio de un clima de polarización como el que padecemos, la formación de los comunicadores comunitarios es una tarea urgente, sobre todo una dirigida a examinar con profundidad los asuntos éticos relacionados con el equilibrio y la inclusión, pues como ha dicho el maestro Tomás Eloy Martínez, el periodismo «es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, ser otro».
Si alguna misión deben tener estos medios es aprovechar la tierra yerma, no abonada adecuadamente ni por el Estado ni por el sistema privado, y constituirse en una verdadera alternativa de servicio público, tal y como lo establece el Reglamento que los regula. Medios con apoyo del Estado, sí, pero sin sujeción a los intereses del gobierno. Su tarea, en todo caso, es la de actuar como el fiel de una balanza, en el centro de los esfuerzos que animan la construcción de una democracia plena, basada en la justicia y la paz social.
* Periodista y profesora de la Universidad de Los Andes @uraisa en twitter
