En Venezuela no existe el banco central como institución garante de la estabilidad de los precios. Lo que hay es un inmenso edificio de concreto armado ubicado en la avenida Urdaneta, esquina de Carmelitas, en la ciudad de Caracas, pero que no tiene cualidades para asegurar que la moneda que se emite tenga algún valor.
De la destrucción del Banco Central de Venezuela han sido responsables sus autoridades, sus directores y el Presidente de la República, quien pareciera no entender la importancia de un ente emisor para la sanidad financiera del país.
Ha sido un largo recorrido este proceso de aniquilación del BCV y que se expresa en la tasa de inflación más elevada del mundo, no obstante la existencia de sendos controles de cambio y de precio.
Todo comenzó con aquella solicitud de de utilidades cambiarias en 2000 y 2001, para enjugar el déficit fiscal y financiar la llamada «constituyente Económica» y la «sobremarcha».
Inexplicablemente se cambió el método contable que había seguido el BCV y brotó el dinero que fue a parar al fisco. A ello siguió la solicitud del presidente Hugo Chávez de que el BCV le entregara un millardo de las reservas internacionales para financiar a la agricultura hasta desembocar en Fonden, todo lo cual ha deteriorado el valor del bolívar.
Quienes apoyaron ese desaguisado, que es Fonden, lo presentaron como un nuevo paradigma para la economía monetaria. Le ha entregado el BCV al gobierno más de US$ 35.000 millones y la agricultura ahora está peor que hace cinco años.
Pero lo anterior es muy poco si se compara con la especie de desembarco de corsarios contra las reservas del BCV, que ha significado las sucesivas reformas de la Ley del BCV, las cuales han tenido un único propósito: financiar el déficit fiscal.
De esta manera, el BCV se ha transformado en financista directo de empresas del Estado, utilizando figuras cuestionables como las emisiones de pagarés, que son asumidos como activos por parte del BCV a cambio de la emisión de dinero, que va directo al barril sin fondo en que se ha convertido las tesorerías de las empresas públicas, todas en situación calamitosa.
Cuando un banco central se desdibuja de la manera en que lo ha hecho el BCV, el resultado no puede ser otro sino la destrucción de la capacidad adquisitiva del dinero, como lo reflejan las elevadas tasas de inflación.
El deterioro institucional del BCV traspasó la cota de tolerancia con el nombramiento de Jorge Giordani como ministro de Finanzas y al mismo tiempo director del BCV.
Sin ambigüedades y por un respeto mínimo a la ley, Jorge Giordani no puede continuar siendo miembro del Directorio del BCV y las decisiones donde él haya participado son nulas de toda nulidad.
Aquel BCV donde se discutían permanente los temas económicos fundamentales para el país, desapareció. Sus foros públicos y abiertos con libre invitación a quienes quisieran emitir su opinión es cosa del pasado, lo mismo que sus seminarios internos donde se debatían ponencias elaboradas por su cuerpo técnico e invitados, a quienes no le colocaba un guión a cerca de lo que podían expresar.
Nada de eso existe. Los documentos técnicos, donde, en un marco de libertad, se vertían los resultados de las investigaciones, presenta un atraso inexplicable. Pero si lo antes descrito es grave, lo es todavía más, la vergonzante situación de la publicación de las estadísticas económicas.
Cifras fundamentales, como la producción manufacturera, las ventas del comercio o las estadísticas fiscales reflejan una demora inaceptable en su disposición a la opinión pública. Información básica como la desagregación de la base monetaria, no se publica porque con ello se esconde financiamientos ilegales otorgados a entes públicos, expresamente prohibidos.
De todos los bancos centrales de América y tal vez del mundo, el nuestro es que tiene autoridades con el menor nivel de calificación en asuntos monetarios y financieros, ello contribuye a explicar los gravísimos errores que comete el Directorio del BCV en materia de política monetaria.
Además, ha sido tomado el BCV por un grupo de sujetos que fungen como asesores de la presidencia y que sin contar con las calificaciones técnicas, actúan más bien como parte del comisariato político que vigila los organismos públicos.
Como parte de un proyecto de reconstrucción de Venezuela, una prioridad es el rescate del BCV, para que cumpla su sagrada misión, no de servir al gobierno de turno sino al país, mediante la consecución de la estabilidad de los precios, para que de esa forma se procure un crecimiento económico sano y sostenible.
José Guerra
Economista
Publicado Tal Cual
