Hace dos años, cuando los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), decidimos asumir colectivamente la defensa del derecho a la vida y a la salud de un grupo numeroso de niños y niñas con cardiopatías congénitas, pacientes del Hospital de Niños J. M. de los Ríos, encontramos que eran más de 600 los niños en espera de su intervención quirúrgica y dos años y medio el promedio de espera, habiendo incluso niños que tenían seis años en espera. Adicionalmente, debían cancelar altas sumas de dinero a fundaciones creadas a tal efecto, para poder ac ceder a la operación, lo que generaba una tardanza mayor debido a las previsibles dificultades que tenían esas familias para obtenerlas. Todo Ello, a pesar de que el cobro directo al paciente por la prestación del servicio, vulnera la Constitución en la medida en que obstaculiza el acceso universal a los servicios de salud.
Transcurridos dos años de interpuesta la Acción de Protección a favor de estos niños y niñas y, después de un año de instalada una mesa de diálogo en aras de solventar la crítica situación en que funcionaban los servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del referido hospital, y habiéndose acordado la eliminación del cobro directo al paciente, a través de la creación de un fondo de dinero por parte del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (Msds) que cubriría los costos de los insumos médico-quirúrgicos, el Secretario de Salud de la Alcaldía Metropolitana, Dr. Pedro Aristimuño acaba de pronunciarse públicamente a favor de retomar la figura de las fundaciones para solventar la falta de presupuesto.
Cabe reconocer que se han cumplido parcialmente los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo, ya que desde octubre del año pasado hasta junio del presente se han operado 154 niños y niñas y se han adquirido nuevos equipos médicos. Sin embargo, también es cierto que obras de refacción e infraestructura necesarias para el buen funcionamiento de los servicios de Cardiología y Cirugía Cardiovascular se encuentran paralizadas desde hace varios meses atrás por incumplimiento de las empresas contratistas.
Lo que resulta inadmisible es que, ante las dificultades burocráticas en la asignación del presupuesto que lleva a las empresas privadas a no cumplir con las fechas estipuladas para la realización de las obras o el montaje de los equipos médicos, se pretenda volver al abolido sistema de recuperación de costos y a las fundaciones privadas que los administraban.
Si el problema es presupuestario, la Administración Pública Nacional y la Descentralizada deben buscar los mecanismos más idóneos para solventar la crisis, ya sea a través de la cooperación interinstitucional o incluso, mediante la ayuda internacional o la cooperación privada, pero nunca en detrimento del derecho a la salud de la población, y más en este caso, donde está en juego el derecho a la vida de la niñez venezolana.
María Elena Rodríguez
Abogada de Provea
