En declaraciones realizadas recientemente, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Luisa Estella Morales Lamuño afirmó que en Venezuela no existían evidencias acerca de procedimientos realizados por los funcionarios policiales en donde repriman, atropellen, torturen y atropellen a la ciudadanía. Según la funcionaria las denuncias realizadas sobre estos temas corresponderían a casos individuales, los cuales, a su juicio, han sido convenientemente sancionados.
Estos alegatos de la máxima figura jurídica del país corresponden o al terreno de la propaganda o al de la poesía, pues no tienen ningún sustento con la realidad. El propio presidente de la República ha tenido que admitir que el abuso policial es una situación que se ha mantenido hasta nuestros días, lo cual ratificó el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), cuyos datos sistematizados reposan en un voluminoso informe que es de dominio público. En un texto anterior, asimismo, relatamos la aguda situación padecida en la región centro-occidental del país, en donde los funcionarios policiales de diferentes ramas han sido acusados, en decenas de ocasiones, de realizar prácticas ilegales, entre las cuales se encuentra la extorsión y la participación en los llamados “secuestros express”. Estas denuncias ocasionaron que un defensor de derechos humanos, Mijail Martínez, haya sido asesinado para intentar silenciar los señalamientos, convenientemente sustentados por organizaciones populares de la región como el Comité de Víctimas contra la Impunidad. Este colectivo ha mapeado el organigrama del crimen y la impunidad, colocando en el vértice del diagrama al ex comandante general de la policía, general Rodríguez Figuera, y al ex gobernador Luis Reyes Reyes. La respuesta a este trabajo de contraloría social ha sido la criminalización y el silencio. En vez de investigar las denuncias, el Ejecutivo Nacional ha premiado a estos dos funcionarios ubicándolos en altos puestos de confianza del gobierno central.
Esta situación, como lo sugiere Estella Morales, no es una excentricidad de la ciudad de los crepúsculos, sino que se repite en diferentes estados del país, lo cual prueba que la degradación de los cuerpos policiales se ha transformado en la norma y no en la excepción. En el propio estado Bolívar un lector nos ha remitido diferente información acerca de la designación como jefe de Patrulleros de Caroní a un funcionario, Saúl Cordero, acusado de cometer durante su trayectoria diferentes violaciones a los derechos humanos. Según los datos que nos remiten, este funcionario habría sido despedido de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) en el año 1989 por presuntas irregularidades en la incautación de un cargamento de droga. Una sentencia del propio TSJ, disponible en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Abril/R04-0359.htm.htm, da cuenta de los cargos señalados contra este funcionario: privación ilegítima de libertad, ocultamiento de arma de fuego, concusión y posesión ilícita de substancias estupefacientes y psicotrópicas. Posteriormente, ingresa a la policía del estado Bolívar, siendo denunciado en el año 2005 por estar, presuntamente, involucrado a la existencia de grupos de exterminio policiales en la región. Como lo registró la periodista Lorena Cañas, en el Correo del Caroní, según cifras de la Defensoría del Pueblo y Humana Dignitas, más de 300 ajusticiamientos se registraron en Bolívar entre los años 1999 y 2002. Un año más tarde la región contabilizó 700 homicidios, entre los cuales se encontró el caso de 4 jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, que fueron encontrados en diferentes sectores de Ciudad Guayana con un tiro en la cabeza y las manos atadas. Uno de los funcionarios policiales que desmintió la acusación con mator vehemencia fue precisamente Cordero, estimando que en la zona “imperaba era una violencia incontrolable que debía combatirse con más violencia”. Casualmente, la ONG “Justicia Hoy” denunciaba en ese año 2005 que Saúl Cordero estaría involucrado en por lo menos 9 homicidios: “ese ciudadano que hoy está gozando de una cautelar tiene mucho poder y vínculo con el narcotráfico, hay muchos expedientes que fueron escondidos para evitar que se le acumularan y así darle la libertad”, afirmaron en sus declaraciones de prensa. En ese año las imputaciones por homicidio contra el actual comandante de Patrulleros del Caroní fueron reseñadas por la propia Radio Nacional de Venezuela (http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=27&t=27330).
La anterior irregularidad ha sido denominada “reciclaje policial” por parte del Coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, y se repite en diferentes puntos del territorio nacional. Cuando un funcionario es acusado por irregularidades el cuerpo policial lo saca de las calles o lo destituye, como forma de apaciguar el escándalo, en ocasiones gozando de su salario. Seguidamente, es transferido a otra dependencia policial, con lo que las acusaciones en su contra duermen el sueño de los justos y las prácticas delictivas reaparecen en otro lugar, vestidas de otro uniforme. La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el propio sistema de administración de justicia, presidido por Estella Morales, deben salir del aire acondicionado e investigar esta y cada una de las denuncias que vienen realizando los ciudadanos de a pié contra los funcionarios policiales.
Los datos e informaciones de este año, que refutan afirmaciones como las de la presidenta del TSJ, serán recopiladas en el Informe Anual 2009 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, una investigación independiente y multidisciplinaria realizada por Provea, que podrá ser descargada a partir del próximo 10 de diciembre en el sitio web https://archivo.provea.org
Rafael Uzcátegui
Coordinador de investigación de Provea
