Dentro de pocos días saldrá a la calle el primer contingente de la Policía Nacional. Este nuevo cuerpo policial pretende serlo, no sólo de nombre, sino también de actitud y aptitud. En las aulas del Fuerte Tiuna 1.073 funcionarios y funcionarias, escogidos luego de una estricta selección de la Policía Metropolitana y cadetes del Instituto Universitario de Policía, estudian una diversidad de contenidos que tienen como eje central la función policial con honestidad, respeto a la persona humana y compromiso con la democracia.
Se promueven interesantes debates en las aulas bajo la dirección de la defensora de derechos humanos Soraya El Achkar y una variedad de instructores, entre quienes se encuentran destacados profesores de la Universidad Central de Venezuela y Universidad de Los Andes, dirigentes sociales, así como activistas de reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Se capacita a los funcionarios para que actúen respetando la dignidad de las personas, pero igualmente sobre los derechos humanos que les pertenecen.
Con absoluta libertad y angustia los funcionarios y funcionarias exponen las múltiples humillaciones y violaciones de las cuales fueron objeto hasta hace poco y persisten en la Policía Metropolitana. Expresan los deseos de que esa nueva policía sea diferente y realmente dignifique al funcionario. Uno de los derechos que más reclaman es el derecho a una vivienda digna. Cuestionan que el Estado no haya tenido una política para garantizar crédito a bajo interés para que como trabajadores puedan adquirir una vivienda adecuada. Llegan a las aulas cada día con la esperanza que las cosas empiecen a cambiar y a mediano plazo se pueda hablar con orgullo de la nueva policía y la dignificación de la función policial.
Aunque los instructores se encuentran en las aulas con algunos funcionarios y funcionarias que tienen muy arraigada la mentalidad represiva, con satisfacción también hay que decir que muchos de los estudiantes expresan su vocación para el cambio, para actuar de una manera que permita revertir la actual desconfianza en la actuación policial, cuestionan los actos corruptos y las arbitrariedades y asumen el compromiso de ser parte activa de dicho proceso.
Pero el cambio real no dependerá sólo de la voluntad de los funcionarios. El gobierno tiene que hacer realidad las promesas de mejoras económicas y sociales, debe garantizar unos mandos que den el ejemplo, empezando por respetar a los propios policías, establecer mecanismos de control interno rigurosos para no tolerar vicios, adoptar estímulos a las buenas prácticas y desarrollar un plan integral de seguridad que compenetre comunidad y policías para el desarrollo de políticas preventivas eficaces. Apostamos para que este primer paso sea el inicio real de la transformación profunda de los cuerpos policiales del país para el bien de la comunidad y la democracia. Seguiremos comprometidos con el esfuerzo de lograr mejores condiciones para la vigencia de los derechos humanos.
