La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia afirmó recientemente que las policías venezolanas no torturaban ni violaban los derechos humanos, por lo que si sucedían algunos atropellos eran casos aislados. Sin duda la ciudadana Luisa Estella Morales vive en otra realidad distinta a la que padecen todos y todas las venezolanas. Las violaciones a los derechos son el acontecer del día a día en el inmenso archipiélago de organismos policiales que existe en el país. Si la declaración tenía como propósito congraciarse aún más con el Ejecutivo Nacional, evidentemente que no acertó.
El propio Presidente de la República ha reconocido que uno de los problemas que todavía persisten es el abuso policial. Por ese motivo, se promueve y avanza en la construcción de un nuevo modelo policial que tenga como uno de sus ejes fundamentales el respeto de los derechos humanos. Para conocimiento de la magistrada en el año 2007 hubo 15 muertes a consecuencia de tortura, incluyendo un estudiante del instituto universitario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, asesinado por los propios funcionarios del Cicpc. La Defensora del Pueblo, meses atrás, reconoció que la tortura continúa siendo una práctica en las policías del país.
Debe conocer la magistrada que el 16 de enero de 2006 con motivo de la presentación de su Informe a la Asamblea Nacional, el ex fiscal general Isaías Rodríguez afirmó que de 2000 a 2005 entre las policías del país y la Guardia Nacional habían violado el derecho a la vida a 6.377 personas (más de mil por año) y se encontraban involucrados 6.110 funcionarios. La actual Fiscal General reconoció que en lo que va de año estos mismos cuerpos armados han quitado la vida a más de 300 personas.
Durante el 2008 esos cuerpos armados realizaron 15 desapariciones forzadas y el año anterior habían realizado 17. Las mafias existentes en muchas policías que cometen todo tipo de abusos se extienden. Le recomiendo lea las denuncias que viene realizando el Comité de Víctimas del estado Lara, quienes con mucho esfuerzo y de manera valiente han desenmascarado la corrupción policial en ese estado. O las denuncias de las víctimas en el estado Aragua.
Las cifras son contundentes, ciudadana Luisa Estella Morales.
Pretendiendo ocultar la realidad no se contribuye en nada a superar el problema. Es a partir de aceptar que los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana cometen numerosas violaciones a los derechos humanos como se pueden adoptar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para superar tan lamentable realidad. Desde el Poder Judicial se puede hacer mucho si se adelantan esfuerzos serios para disminuir los niveles de impunidad y los responsables de los abusos a los derechos de las personas son sancionados. Más que dar tan desacertadas declaraciones debería reflexionar de qué manera puede aportar el Tribunal Supremo de Justicia a garantizar la vigencia del derecho a la vida y la integridad física de todas y todos.
Por último, deseamos invitar a todos y todas las lectoras de esta columna a la presentación del Informe Anual 2009 de Provea, en donde difundiremos las cifras y datos de los avances, retrocesos y estancamientos de las políticas públicas en derechos humanos.
El foro público se realizará el próximo jueves 10 de diciembre, a las 5 y 30 de la tarde, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Caracas, frente a la estación del Metro del mismo nombre.
Coordinador General de Provea
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