El pasado 21 de marzo, durante la transmisión de su programa dominical, el presidente Hugo Chávez al anunciar la captura de un presunto grupo paramilitar afirmó “’Buena parte de los secuestros, asesinatos, que están ocurriendo en esta parte del país vienen de Colombia» (http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/68874-NN/chavez-informa-sobre-detencion-de-grupos-paramilitares-en-la-capital-venezolana/). De esta manera el primer mandatario legitima la versión, repetida con anterioridad por otros voceros del alto gobierno, que descarga en un plan desestabilizador la responsabilidad de los altos índices de inseguridad presentes en el país. Esta afirmación es un despropósito y caricaturiza, según todas las encuestas, lo que es el principal problema de venezolanos y venezolanas.
Si bien es cierto que las secuelas del conflicto armado colombiano han trascendido sus fronteras, haciendo del territorio nacional un campo de actuación para las autodefensas y otras organizaciones paramilitares colombianas, esta situación sólo puede valorarse, con honestidad, como una ínfima parte de las causas que han hecho del país uno de los más inseguros de la región. Si los paramilitares asaltan y secuestran en algunos estados y ciudades de Venezuela, el Ejecutivo Nacional también debe admitir que otros grupos guerrilleros realizan los mismos desmanes en otras zonas del país. Como ha sido verificado por Provea, diferentes poblados del Alto Apure son gobernados, realmente, por grupos como la FARC, el ELN y el FBL, contando para ello lo que parece ser la tolerancia de las autoridades civiles y militares de la zona. En segundo lugar, la denuncia del presidente habla más de sus propias incapacidades que de la existencia, ficticia o real, de un plan conspirativo, para el que se azuza, además, lo que es el último refugio de los bribones: el nacionalismo.
Las causas del asesinato de más de 14000 personas al año deben ser reflexionadas con seriedad y responsabilidad. Desde finales de los ochentas nuestro país experimento un decidido ascenso de los índices de violencia en el país, y para 1999 poseíamos las mismas tasas de homicidio de México y Brasil. Desde ese año la cifra no ha hecho más que aumentar, siendo sus principales víctimas los habitantes de los sectores populares. Como difundió el Centro para la Paz, de la Universidad Central de Venezuela, los datos del año 2007 para la ciudad de Caracas demostraban que los asesinatos se concentraban en las parroquias más pobres de la ciudad. En Chacao, zona de clase media y alta, registró ese año una tasa de 21 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh), magnitud que se multiplicó por seis en las zonas populares: Coche (101 hpcmh), 23 de Enero (113 hpcmh), San Juan (90 hpcmh), Petare (84 hpcmh) y El Valle (75 hpcmh).
La violencia ha extendido su cáncer en todas las dimensiones de la sociedad, lo cual sugiere una descomposición del tejido comunitario y los valores colectivos que deberían originar una amplia preocupación de todos los actores del país, especialmente los estatales. Escuelas, hospitales, transporte público e instituciones públicas han afectado su normal funcionamiento por el flagelo. Y si aun es necesario desmontar la tesis conspiranoica, sólo hay que recordar el promedio de 400 muertos al año en los centros penitenciarios del país, cuya seguridad y control depende exclusivamente de las autoridades.
La inseguridad ciudadana, además, disminuye la calidad de vida de los venezolanos, bastante deteriorada frente a lo que es el índice de inflación más alto del continente. La incertidumbre ha replegado a la ciudadanía a diferentes cotos privados, originando el consecuente abandono del espacio público y la vulneración de su derecho a la recreación. Una investigación del año 2009 realizada por el Centro de Estudios Sociales (CES), citada en el Informe Anual 2009 de Provea, revela las estrategias priorizadas por la población para protegerse de la delincuencia. “No salir de noche” encabeza las medidas asumidas con el 19,02% de las respuestas; “no pasar por lugares oscuros” le sigue con 17,26%; igualmente algunas personas optan por no adquirir celulares costosos ni llamativos (13,21%), por ser, como se señala, uno de los principales artículos que se roban. Estar acompañado (11,65%) y enrejar la casa (9,90%) preceden a medidas como no hacer favores ni hablar con la gente en la calle (8,63%). La fragmentación de lo público y la noción de ciudad deberían motivar un debate de nivel en centros académicos e instituciones estatales.
La infantilización de esta situación es un argumento de muy corto vuelo. Como primera medida se debe comprender la complejidad y matices del problema, antes de abordar las diferentes políticas públicas, en áreas como la administración de justicia, la seguridad ciudadana, la fiscalización de los funcionarios públicos, el tráfico de armas y el narcotráfico, así como el combate a la corrupción, cuyas definiciones exigen la más amplia participación y consenso. Una política de seguridad ciudadana debe ser a su vez democrática y garantista de los derechos constitucionales, abordando a su vez la disminución de los índices de pobreza y desigualdad, áreas sin las cuales no es posible la disminución de la pandemia homicida en el país. Pero esta hercúlea misión seguirá siendo obstaculizada si persisten las versiones ficticias y exclusivamente ideológicas acerca de sus motivaciones.
Rafael Uzcátegui
Coordinador del Area de Investigación de Provea
