Hector Lucena
La grave crisis que experimenta el movimiento de los trabajadores empieza a dar lugar a necesarias reflexiones que apuntan a procesos de legitimación, aunque deseable y necesario sería un proceso más profundo como el de una refundación. Conviene distinguir entre legitimación y legalización. Este último refiere a la tramitación burocrática requerida según las regulaciones establecidas en la institucionalidad vigente; en tanto la legitimación privilegia para las organizaciones de masas, el someterse al escrutinio e interpelación por parte de los representados en condiciones llanas y democráticas.
Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.
En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegítimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum -diciembre 2007-, la cual no fue aprobada.
Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular -artículo 8. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.
El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estímulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción.
Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.
Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.
El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.
En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legítima.
Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.
Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores. (Hector Lucena, Correo del Caroní, 16.02.11)
