Recientemente el Ejecutivo Nacional ha promulgado un conjunto de leyes que permitirían coadyuvar en la realización de las metas de vivienda, una de las políticas públicas definidas, recientemente, como claves para Miraflores. De esta manera se intenta revertir el amplio rezago en materia habitacional, una de las políticas públicas desarrolladas desde el año 99 con menos resultados concretos. En un análisis reciente realizado por el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, se hizo un primer balance de este conjunto normativo: “Valoramos que por fin el gobierno se haya decidido a dar prioridad a la problemática de la crisis habitacional existente en el país -expresa el activista y abogado. No podemos dejar de expresar nuestras dudas sobre la posibilidad que logre cumplir las metas establecidas para este año debido a la ineficacia mostrada durante más de una década, sin embargo, aspiramos que se logre el propósito. Si de verdad alcanza a superar las deficiencias y obstáculos muchas familias serán beneficiadas y constituiría un importante hecho de justicia social.
Entre las nuevas leyes tenemos Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela; Ley de Refugios Dignos; Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda; la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos que en realidad es una reforma a la Ley de 2006; Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
Desde una perspectiva de los derechos humanos la mayoría de las normas encuadran dentro de los componentes que integran el derecho humano a una vivienda adecuada”. En este punto recordamos que una política coherente en vivienda, desde una perspectiva de derechos humanos, no es solamente construir, de cualquier forma, cuatro paredes y un techo para las familias necesitadas. Una vivienda “adecuada” es definida, según la interpretación del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), por los componentes a) Seguridad jurídica; b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) Gastos soportables; d) Habitabilidad; e) Asequibilidad; f) Lugar adecuado y g) Adecuación cultural. Una vivienda, que merezca el adjetivo de digna, debe cumplir con todas estas prerrogativas.
“Algunas normas de la Ley Contra el Desalojo -continúa Alvarado- incorpora recomendaciones realizadas por Naciones Unidas para prevenir y evitar violaciones a los derechos humanos.
La Ley de Refugios Dignos incorpora igualmente recomendaciones de organismos internacionales para atender de manera apropiada situaciones de emergencia.
Sin embargo, no toda la normativa es adecuada. Algunas por la manera como están redactadas dejan dudas sobre la constitucionalidad de las mismas. Otras pueden dar lugar a la arbitrariedad en los procedimientos a realizar por ejemplo en lo que tiene que ver con la afectación de uso y redistribución de terreno. Si se toma en cuenta las arbitrariedades que se han cometido en los últimos años en materia de afectación de tierra agrícola, pudiésemos estar ante una situación de factibilidad de violaciones a los derechos humanos en los procedimientos de afectación de tierra urbana.
Uno de los problemas que origina este conjunto de leyes es que crea sistemas paralelos de área de uso y disfrute colectivo que se rigen por normas distintas. Es el caso, por ejemplo, de las viviendas multifamiliares construidas por el Estado se regirán por la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas y las viviendas multifamiliares no construidas por el Estado que se regirán por la Ley de Propiedad Horizontal. Normas distintas para regular lo mismo”.
Provea espera que, además de estos anuncios -que por sí solos no crean soluciones mágicas-, el Ejecutivo Nacional haga un honesto balance de lo hecho en la última década, los obstáculos, errores y limitaciones de las políticas públicas promovidas en materia habitacional que han arrojado resultados por todos y todas conocidos. El necesario voluntarismo debe acompañarse por la incorporación de todos los actores y sectores vinculados al sector. Además, debe trascenderse la visión cuantitativa de la mera construcción de casas por una mirada de más alto vuelo que incorpore tanto una política de rehabilitación de barrios como la preparación de grandes lotes de suelo urbanizable, con todos sus servicios, en donde como en el pasado las casas germinen con el esfuerzo de sus habitantes. Estas conclusiones eran parte del saber acumulado en años anteriores tras el análisis de las políticas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), conocimiento que debe recuperarse y contextualizarse para afrontar el reto de saldar la deuda social a millones de venezolanos y venezolanas.
16,05,11 Correo del Caroní
