Cuando este texto se escribe Lusbi Portillo, profesor universitario, activista ambiental y solidario permanente con el movimiento indígena, se encuentra escondido al resguardo de su vida y su integridad física. Después de los sucesos del pasado 13 de octubre en la Sierra de Perijá, en el que murieron dos yukpas y fueron heridos otros cinco en la degeneración de un conflicto cuya motivación de fondo es la delimitación de las tierras indígenas, funcionarios policiales de la región aseguraron que era inminente la expedición de una orden de aprehensión contra el universitario bajo el cargo de “posesión de drogas”. No era la primera vez que el profesor era criminalizado por su activo acompañamiento de las reivindicaciones de los pueblos originarios, pero ante la evolución de los acontecimientos –en el cual la investigación de los sucesos ha sido decretada como “razón de Estado” por las autoridades- decidió tomar medidas preventivas con su pase a la clandestinidad.
El ambientalista realzó su protagonismo en las luchas indígenas al reaccionar al anuncio gubernamental, realizado por el propio Presidente de la República el 13 de noviembre del año 2003: triplicar la explotación de carbón en la región zuliana para llevarla a 36 millones de toneladas métricas anuales. El primer “error” de Lusbi Portillo, en el contexto de la polarización inmovilizante que ha copado la escena política nacional, ha sido el de mantener arriba sus valores y reivindicaciones a pesar de un discurso que desde el poder ejecutivo prometía satisfacerlas en algún momento futuro. A pesar de sus propias expectativas y simpatías personales, Portillo no hipotecó sus reclamos ni aceptó degradarlos en la jerarquía de sus prioridades, preservando su autonomía como iniciativa de carácter social, lo que mantuvo su capacidad de autoconvocatoria para los problemas de su incumbencia a pesar de las coyunturas electorales.
Un segundo “error” de Lusbi Portillo ha sido el razonar con cabeza propia. A diferencias de otros intelectuales y miembros del mundo académico cuyo discurso se ha infantilizado a los niveles de las cúpulas polarizadas, Portillo mezcla elementos de investigación y activismo para generar un pensamiento que lo motiva a actuar en consecuencia. De esta manera ha podido diagnosticar el sustrato de las políticas públicas y privadas que impactan en la naturaleza y en el modo de vida de los pueblos originarios, realizando una correcta valoración de las consecuencias del progresivo acoplamiento de Venezuela a las principales tendencias de la economía globalizada. Es así como relaciona el plan de desarrollo promocionado para la región zuliana dentro del proyecto de Iniciativa de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), una integración cuyo objetivo es optimizar el flujo de recursos energéticos y el aumento de la competitividad regional para la satisfacción de la demanda internacional. En decenas de documentos y conferencias, Portillo ha demostrado que el IIRSA, un proyecto convenientemente silenciado por el limitado debate polarizado, representa el anverso de la moneda de una política públicamente defenestrada por el actual tren gubernamental: El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este claro mapeo de la profundización del rol asignado al país por los principales actores económicos globales, que incluyó otras políticas de desarrollo “endógenas” como Puerto América, el Gasoducto del Sur, la explotación de la reserva de Imataca y el desarrollo del eje Orinoco-Apure, problematiza en grado sumo la mitificación anticapitalista edificada en el Palacio de Miraflores.
Un tercer “error” de Lusbi Portillo ha sido que, en el marco de sus reivindicaciones inmediatas –la preservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas- ha establecido alianzas y relaciones con iniciativas de base de todo tipo, cuya precondición no sea su propia definición frente al presidente Chávez sino su grado de solidaridad con la naturaleza y las comunidades originarias del país. De esta manera Portillo ha sido el nodo central ad hoc de una red social de geometría variable que, no sin conflictos ni fluctuaciones, ha desarrollado una de las pocas experiencias en el país cuyo despliegue ha resistido al maniqueísmo para intentar el despliegue de una subjetividad propia. Esta característica es más visible en Maracaibo que en Caracas, ciudad en la que con mayor éxito las fuerzas de base gubernamentales han podido desarrollar una estrategia para intentar excluir sectores refractarios al proceso bolivariano. Mantener la beligerancia en un contexto menos permeado por la polarización, desubica precisamente a quienes se alimentan de ella para mantener su protagonismo.
Todas los anteriores “flaquezas” están condenando a Lusbi Portillo al ostracismo y el aislamiento, precisamente uno de los objetivos trazados por cualquier política que criminalice las protestas beligerantes e independientes de los luchadores sociales. Después de haberle comunicado suficientes precedentes y advertencias, dos mujeres –las doctoras Luisa Ortega Díaz y Gabriela Ramírez- serán corresponsables de cualquier perjuicio a la libertad, integridad personal y la propia vida de Lusbi Portillo, un activista cuyo mayor error ha sido mantener sus antiguas creencias en pie en un tiempo signado por las éticas acomodaticias y los valores adormilados por el aire acondicionado. Solidaridad con Lusbi Portillo.
