La Cárcel de Santa Ana como se le conoce, es un penal que en la actualidad tiene unos 2.100 internos, construido para 850 y verán la sobrepoblación.
Pero es de recordar que el pasado 12 de abril se presentó una situación en donde siete internos tomaron el área administrativa del Centro Penitenciario de Occidente capturando como rehén en primer caso a una docente y dos custodios, el director del penal medio con ellos conjuntamente con otros vigilantes y pudieron rescatar a la profesora y a los dos vigilantes que se encontraban en poder de los reclusos, y que ya habían sido chuceados por parte de los siete internos.
Es de hacer notar que los internos rebeldes solicitaban sus traslados a otros establecimientos porque su vida corría peligro; una vez dominados, los ingresaron nuevamente al penal, y un grupo de internos los agarró y los asesinó.
Respondían a los nombres de Rubén Humberto Galiano Portilla, Maykol Javier Cardozo Pérez, Junior Enrique Melo, Jairo Vladimir Torrealba Nieves, Pedro José Muñoz Márquez, Orlando Melo Rodríguez Carrascal y Edgar Eduardo Arrieta Pirona, siete vidas que pudieron ponerse bajo resguardo e investigar la solicitud que hacían, porque el temor que ellos decían se cumplió, murieron.
Después el pasado miércoles, se regó un rumor de que el líder de la cárcel salía en libertad y quería dejar al mando a otro interno que no era el segundo, y el carro, como le dicen a los grupos que operan en los penales, fue tras los seguidores, y acabaron con 8 internos que respondían a los nombres de: William Pérez, Juan Márquez, Víctor Velásquez, David Parra, Gustavo Ramírez, Edwin Jaimes, José Pereira y Jóvito Jugador.
Los heridos fueron identificados como José Castro, Oscar Salcedo y Jairo Alvarado, los cuales presentaron heridas por arma blanca, cuerpos quemados.
Se nos informó que explotaron granadas, bueno, toda una masacre, y la versión de las autoridades fue simplemente como siempre, un grupo peleó con otro por controlar el penal, así queda el asesinato de 15 personas que están bajo la custodia del Estado, y de paso la impunidad galopante.
Por todo lo antes mencionado se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando: «La CIDH urge nuevamente a las autoridades venezolanas a adoptar las medidas idóneas destinadas a prevenir brotes de violencia en los centros penitenciarios.
Desde hace varios años la Comisión Interamericana ha venido dando seguimiento a la situación de las cárceles en Venezuela a través de distintos mecanismos, incluyendo casos contenciosos y medidas provisionales solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos».