En nuestras entregas anteriores relatábamos cómo dos leyes aprobadas en Consejo de Ministros, y directamente relacionadas con el ámbito militar, cercenaban diferentes derechos humanos y se ponían al margen de la Constitución. Por un lado la Ley de Conscripción Militar niega la no obligatoriedad del servicio militar, tal como quedó consagrado en la Carta Magna de 1999. En segundo lugar, la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana coloca obstáculos a los derechos laborales y al derecho a la participación.
La creciente militarización que experimenta la sociedad venezolana no es un fenómeno que nace con el llamado gobierno bolivariano, sino que forma parte de la matriz sociopolítica sobre la cual se ha edificado la institucionalidad democrática en el país. Durante 51 años del siglo pasado Venezuela fue gobernada por caudillos civiles y militares, definidos por poseer una personalidad carismática, con amplia red de relaciones y una fuente de recursos económicos considerable y permanente; la cual materializa la concepción del orden y del progreso nacional. Como lo escribió en algún momento el sociólogo Tulio Hernández, el militar y lo militar, entendiendo el primero como la figura individual y el símbolo social, y lo segundo como el aparato institucional y sus modos de actuar, son componentes esenciales y decisivos de la vida política venezolana y, especialmente, de manera muy singular, a todo lo largo del siglo XX.
A pesar de todo este contexto, sin embargo, el militarismo bolivariano ha desarrollado sus propias particularidades. En primer lugar tenemos un discurso en el cual el primer mandatario se promociona a sí mismo como el “comandante-presidente”, apelativo por el cual es nombrado por buena parte de sus seguidores. El discurso del presidente Chávez ha descrito permanentemente el conflicto dentro del país con metáforas castrenses y alegorías de confrontaciones bélicas, mezclando eventos de la propia historia de la independencia venezolana con referencias a la guerra tradicional. Retóricamente, la construcción del discurso ha establecido que el mayor honor es morir por los intereses nacionales.
En segundo lugar nos encontramos con lo simbólico. A pesar de la investidura civil de su cargo, el presidente Chávez asiste a las ceremonias oficiales en traje militar. La boina de color rojo, utilizada por los militares golpistas y por el propio Chávez, durante febrero de 1992, forma parte importante del atuendo bolivariano. El paseo de Los Próceres en Caracas, una infraestructura militar inaugurada en 1956 por el dictador Marcos Pérez Jiménez, es un sitio privilegiado tanto para las marchas militares como para las manifestaciones civiles de apoyo al gobierno. Además se usan fechas de la gesta de la independentista para la realización de actos políticos considerados relevantes.
El militarismo también ha modelado el propio ejercicio del poder, en donde gran cantidad de cargos públicos, de mediano y alto nivel, son ejercidos por militares en activo. Asimismo, el liderazgo es incontestable, desarrollando un permanente culto a la personalidad. Asimismo, se privilegia la relación “líder-pueblo” sobre cualquier instancia de dirección colectiva.
La relación con la sociedad es otra de las dimensiones. El movimiento bolivariano se ha organizado constantemente emulando las estructuras militares: Unidades de Batalla Electoral (UBE), batallones, milicias, frentes, patrullas, reservas cívico-militares, etc. Asimismo, se ha exigido a los organismos de participación popular, creados desde el Estado, entrenamiento de tipo militar y su incorporación a la llamada “Milicia Nacional Bolivariana”, desde el año 2008 un nuevo elemento de la estructura de la Fuerza Armada Nacional (FAN). Los discursos y órdenes del Presidente son respondidos, a la usanza castrense, con frases como “rodilla en tierra” y “Comandante Chávez ordene sobre este frente”.
Otra instancia es el papel preponderante asignado a la Fuerza Armada Nacional. El ejército posee, en los hechos, un papel organizativo-administrativo más importante que los partidos políticos que acompañan al presidente Chávez, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hasta sus partidos satélites como Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Las Fuerzas Armadas desarrollaron, en el año 2000, las primeras políticas sociales del gobierno bolivariano, denominadas Plan Bolívar 2000. Actualmente presiden la Misión Mercal y otras importantes políticas sociales, además de garantizar la logística y la infraestructura de la mayoría de los actos públicos del proceso bolivariano. Esta importancia se refleja, a su vez, en la cantidad de presupuesto destinado al Ministerio de Defensa. Al desglosar la Ley de Presupuesto 2009, de la lista de 27 ministerios, el Ministerio de Defensa figura en el séptimo lugar de mayor cantidad de dinero recibido. De esta manera, los gastos del Ejército venezolano duplican los destinados a la participación, triplican los de alimentación y vivienda, son cuatro veces mayores que los destinados a la protección del medio ambiente, nueve veces más grandes que para el sector cultural y doce veces los dirigidos a la promoción del deporte. La brecha mayor la constituye la consignada a las comunidades ancestrales: el monto aprobado para las Fuerzas Armadas supera 58 veces el correspondiente al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
Consideramos que el militarismo es contradictorio con la democracia directa y protagónica. Para que exista más y mejor democracia, y en consecuencia un mejor disfrute de los derechos humanos, deben ser los ciudadanos y ciudadanas, cuyos tiempos y formas de pensar difieren de la disciplina y verticalidad castrense, los que refunden los consensos básicos de vivir, libres y solidariamente, en sociedad.
Rafael Uzcátegui
Coordinador del Área de Investigación de Provea
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www.derechos.org.ve
«la mayor violencia de la sociedad es la ignorancia…» E.G