Cuando la derecha venezolana, agrupada en la denominada Mesa de la Unidad (MUD) decidió utilizar las elecciones parlamentarias como mecanismo para lograr la liberación de José Sánchez alias Mazuco, candidateándolo como diputado, le dio un golpe consciente y artero a la institucionalidad y al respeto por los derechos humanos en Venezuela, demostrando de qué criterios y principios está hecha esa mesa.
Un sujeto procesado por tortura y asesinato hoy aspira, gracias a este artilugio de la podredumbre política, llegar a dictar leyes para el Pueblo venezolano. Paradójico que en 11 años no se haya aprobado la ley para prevenir y sancionar la tortura como manda la Constitución y ahora para más desgracia, tengamos a un sujeto denunciado y acusado de tan abominable práctica sentado calentando un curul parlamentario.
En el otro extremo del espectro político, desde las filas de la Revolución, ha sido elegido como diputado por el circuito 2 del estado Guárico Roger Cordero Lara, uno de los autores materiales confesos y conocidos del ataque con 17 bombas de 250 libras sobre el campamento rebelde ubicado en CANTAURA, hace 28 años. Cordero Lara piloteaba uno de los aviones que bombardeó al núcleo del Frente Américo Silva. Su participación se encuentra debidamente documentada en el expediente sobre el caso, que hoy está a disposición del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El apoyo a su candidatura, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) constituye un aval a la impunidad en el caso de la masacre de Cantaura, cuya elección obstaculiza las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre la materia.
Ni el uno ni el otro deberían llegar al seno de la máxima instancia legislativa del país. Recurrir al argumento de la “voluntad popular” para justificar esta inmoralidad es vergonzoso. Su presencia allí es un ignominioso golpe a la memoria de las víctimas y sus familias y a los principios innegociables contenidos en nuestra Constitución, que se funda en el respeto irrestricto a los derechos humanos y que claramente en su artículo 29 reza: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.”
La sangre venezolana derramada en Cantaura o en el Zulia reclama respeto y contundencia para acabar con la impunidad.
Por: Pablo Fernández
