Opinión: Ocupaciones: Separando la paja del grano

En los últimos días las noticias de diferentes ocupaciones de terrenos baldíos y viviendas desocupadas han protagonizado los titulares de prensa, vigorizando el debate abierto tanto sobre el déficit habitacional como sobre las políticas públicas en la materia. Provea ha manifestado que las diferentes autoridades deben abandonar el enfoque criminalizador de las ocupaciones, debido a que en un alto porcentaje obedecen a acciones desesperadas por parte de familias sin techo por obtener una respuesta de las instituciones.

Cualquier acercamiento a las acciones de tomas de terrenos y edificaciones a medio construir constata que existen, al respecto, dos modalidades. Unas realizadas de manera espontánea por familias que han agotado los mecanismos para satisfacer su derecho a la vivienda digna. Segunda la constituyen aquellas acciones promovidas por mafias que lucran con la necesidad de un techo propio, las cuales posteriormente negocian con terceros la venta de los terrenos, casas o apartamentos. Estas mafias, como lo reconoció Farruco Sesto cuando cesó en sus funciones como Ministro de Vivienda, en el texto “Vivienda para el socialismo”, están amparadas por las propias instituciones del sector. Al respecto, el funcionario escribió que “El Gobierno nacional debe establecer un plan confiable (subrayado nuestro) de asignación de viviendas. Allí tendrían un papel esencial las comunidades organizadas (…) desterrando los sistemas de gestoría, intermediación y clientelismo político tan afectados por los vicios y el tráfico de influencias”. A este segundo tipo de acciones se pueden denominar “invasiones profesionales”, mientras que las primeras son ocupaciones de tierras o terrenos como variante del ejercicio de la manifestación pacífica.

La distinción anterior puede prestarse a confusiones, pero hay que evitar legitimar a priori la criminalización de acciones que son consecuencia de un problema mayor, el cual no es otro sino un déficit habitacional que suma tres millones de viviendas. Es como si una, dos o tres personas al utilizar un micrófono promovieran violaciones a los derechos humanos y éste fuera el argumento para prohibir y criminalizar a todos y todas los que quieran ejercer su libertad de expresión a través de la radio. Como en diferentes circunstancias, hay personas que intentan pescar en río revuelto -y en este caso- incluso a costa de violentar derechos de otras personas y enriquecerse con las necesidades ajenas.

Las características de la propia toma de terrenos pueden ayudar a dilucidar si estamos frente a invasores profesionales u ocupaciones legitimadas por la violación de un derecho. Si se realizan diez o doce tomas de manera coordinadas, contando con el apoyo de fuerzas mayores (recursos o vehículos oficiales para la movilización o apoyo de funcionarios policiales vestidos de civil) lo más probable es que hayan sido aupadas por las mafias de las invasiones. La ubicación del terreno o de los inmuebles es un segundo dato. Un tercer elemento lo constituye la propia organización de la acción. Quienes desean reivindicar su derecho manifiestan permanentemente su deseo de pagar para convertirse en propietarios, contando para ello con facilidades o cuotas razonables.

Esto sugiere un grado importante de autonomía e independencia como iniciativa popular.

Asimismo, reconocen que la acción es un mecanismo de presión a las autoridades, y están dispuestas a establecer diferentes procedimientos de negociación, organizándose democráticamente para ello. El discurso de las personas aupadas por invasores profesionales es más dependiente con respecto al Estado.

Tampoco es cierto que la política del Poder Ejecutivo sea promover la toma de terrenos en todo el país. Si se observan con cuidado las diferentes declaraciones al respecto se podrá observar que existen mensajes contradictorios. En algunos escenarios se estimula detectar terrenos sin uso para ejercer eufemismos como la custodia de los mismos, y en otros auditorios claramente se rechazan las ocupaciones. En segundo lugar, los propios datos confirman que existe una política sistemática de criminalización de este tipo de ocupaciones, respaldadas por el artículo 80 de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Provea ha recopilado que en los últimos tres años se han registrado, por lo menos 205 ocupaciones en todo el país, involucrando a 22.722 familias.

En ese mismo período se contabilizaron al menos 127 desalojos, afectando a 16.115 familias, procedimientos que han dejado detenidas a 528 personas y heridas a 77. Estos desalojos incluso han violado el derecho a la vida en un caso. El 23 de marzo del 2009 José Gregorio Hernández, de 23 años, fue asesinado por un operativo conjunto de desocupación violenta de un terreno practicado por la Guardia Nacional, la Policía de Anzoátegui y la Policía Socialista de Simón Rodríguez contra 1.400 familias que habían improvisado en el área viviendas precarias. Hasta cuando este texto se escribe, el crimen ha quedado impune.

En su texto, Farruco Sesto sintetizó en tres las condiciones para desestimular las acciones de tomas de terrenos o inmuebles baldíos: Construir suficiente cantidad de viviendas en todo el territorio, perfeccionamiento del sistema nacional de registro y asignación de viviendas y la eliminación de los gestores e intermediarios aupados por las instituciones. (Correo del Caroní, 31.01.11)