Durante los meses de octubre de 2009 y septiembre de 2010 Provea detectó, al menos, 45 casos de ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles en el ámbito nacional, acciones que involucraron por lo menos 5.650 familias. Asimismo, la realización de 59 desalojos forzosos que afectaron a no menos de 6.361 familias, dejando un saldo de 353 personas detenidas y 10 heridos por impacto de balas y perdigones por parte de los organismos de seguridad.
Algunas personas han sugerido que el gobierno del presidente Chávez ha estimulado, o por lo menos tolerado, las ocupaciones de terrenos y edificaciones. Sin embargo los hechos demuestran lo contrario. En el año 2008, la reforma de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, en su artículo 80, las prohíbe expresamente: «La invasión u ocupación de terrenos públicos o privados por parte de personas naturales o jurídicas impide el disfrute de los beneficios previstos en la presente Ley y las propietarias o los propietarios afectados podrán ejercer las acciones judiciales de protección que establece el ordenamiento. Los entes públicos de carácter nacional, estadal o municipal no formalizarán en ningún caso la propiedad de las viviendas o terrenos ocupados ilegalmente». En esta normativa se sustentan las acciones de desalojo realizadas en todo el país, que han llevado tras las rejas a 528 personas en los últimos tres años. Fue en el contexto de un operativo de esta naturaleza que el 20 de marzo de 2009 fue asesinado, en Anzoátegui, José Gregorio Hernández de 24 años, quien junto a 1.400 familias habían improvisado viviendas precarias en la carretera El Tigre-Ciudad Bolívar.
El abordaje represivo a las ocupaciones es un error: Propicia violaciones a los derechos humanos, no soluciona el problema de fondo -la falta de viviendas dignas- y tampoco disuade a las personas sin techo de reintentar estas acciones. La prohibición y criminalización de estas formas de exigibilidad de casa propia no permite su abordaje con toda la complejidad que amerita, también desconoce la propia historia del movimiento popular en el país.
En un libro reciente, Aquí manda el hampa (Mérida Editores, 2008), Domingo Alberto Rangel recuerda el acelerado proceso de urbanización experimentado en estas tierras de gracia a partir de los años veinte. El economista describe el crecimiento de una ciudad como Caracas, cuando su valle era dominado por las haciendas de los grandes apellidos que habían encabezado la lucha por la independencia, instalando en ellas calles y avenidas regadas por la expansión de la industria petrolera. La intensiva migración del campo a la ciudad motiva un comentario de Rangel: «¿Y donde iban a acomodarse los miles de braceros, las decenas de miles de campesinos (…) que huyendo de las tiranías locales del interior (…) subió al camión para venirse a emprender aquí la aventura de una nueva vida? (…) Sólo había una alternativa, los cerros que rodean a Caracas».
Seguidamente, reconstruye la población de aquellos parajes: «El puñado de campesinos elegían un determinado cerro y en plena noche, organizados a la ligera, invadían el terreno escogido de antemano. Llevaban todavía el machete que trajeron del campo, y estaban dispuestos a todo para tener un rancho. Con latas de zinc, con trozos de cartón, con lo que fuera, construían la vivienda y el jefe civil gomecista, o el que fuera, después tenían que tragarse aquel hecho consumado». Fue tanta su magnitud que expertas en la materia, como la profesora de la UCV Teolinda Bolívar, estiman en un 40% la superficie del tejido urbano de Caracas autoconstruido por sus habitantes.
Es cierto que -como lo reconoció el ex ministro de Vivienda Farruco Sesto-, existe una mafia de invasores profesionales amparada por las propias instituciones. También es verdad que se han dado casos de invasiones a viviendas habitadas, pero su proporción, tomando en cuenta el total de las mismas, es ínfima. El 75,5% de los casos del último período corresponden a ocupaciones de tierras baldías. Y como registraron los medios, sus protagonistas permanentemente expresaban su intención de compra de la tierra si le ofrecían facilidades para ello.
Mientras sea insuficiente la cantidad de viviendas levantadas en el país para la demanda, como ayer, los sectores desfavorecidos intentarán resolver su necesidad empíricamente. Las ocupaciones no son una causa del problema como algunas autoridades han señalado, sino su consecuencia. Por todo lo anterior, Provea considera que las acciones de ocupación de terrenos o inmuebles constituyen un mecanismo legítimo de presión, por parte de las personas sin techo, para exigir a las autoridades celeridad en la respuesta a sus demandas, siempre y cuando esas ocupaciones no afecten a otras familias que requieren ser atendidas por el Estado o necesiten los terrenos o viviendas para habitarlos. Las autoridades locales y nacionales deben desarrollar otros procesos de negociación y diálogo con las familias sin casa y, especialmente, impulsar un proyecto nacional de urbanización de suelos que, con la participación de todos los sectores, revierta estructuralmente el déficit habitacional en el país. (Correo del Caroní, 15.11.10)
