opinionLas recientes declaraciones del Comandante de la Fuerzas Policiales del estado Lara, en las cuales descalifica el Informe Anual 2008-2009 sobre la Situación de los Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela elaborado por PROVEA, planteando que el mismo “daña la integridad del organismo policial y afecta la confianza de la población en la FAP” y exige que las organizaciones defensoras de DDHH “rectifiquen y se disculpen”, constituye una evidente amenaza e intimidación a la labor de promoción, defensa y seguimiento de los DDHH de toda la población, que realizamos una diversidad de asociaciones e instituciones de nuestra entidad y del país.

Los Informes Anuales sobre la situación de los DDHH en Venezuela elaborados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) desde hace más de 20 años, se fundamentan en un riguroso seguimiento de informes oficiales, de 60 diarios nacionales y regionales y en estudios de investigador/as y instituciones calificadas. Estos informes son fuente de consulta nacional e internacional y han sido reconocidos con base en su fundamentación y veracidad por distintas instituciones y organismos en el país y en el ámbito internacional. Desde hace varios años tales informes Anuales han señalado las graves violaciones al Derecho a la Vida cometidas por distintos organismos policiales en el estado Lara, en particular por las Fuerzas Armadas Policiales de la entidad, al punto de colocarse entre las de mayor índice de violación en todo el país. Tales actuaciones son claramente constatables a través de los distintos medios de comunicación de nuestra entidad y en los testimonios y denuncia incansable de familiares de las víctimas, lo que se ha traducido en la legítima denuncia y protesta de diversos sectores de nuestra sociedad ante tales prácticas policiales y el desenmascaramiento de quienes las dirigen.

Pretender imputarle a las organizaciones de DDHH y a las víctimas organizadas, el desprestigio de los cuerpos policiales y la desconfianza de la población, es ignorar la existencia de 9 masacres policiales en la entidad –desde la de Los Pocitos en enero del 2004 hasta la cometida por agentes de la Comisaría de Fundalara en mayo 2009- y de más de 200 casos de ejecuciones en los que han participado integrantes de diversos organismos de seguridad del Estado en la última década. El hecho evidente que arrojan todas las encuestas de victimización del aumento de los delitos que no son denunciados por la población debido a la profunda “desconfianza” en los entes policiales ó el reconocimiento público por parte de la FGR y el Propio Ministro del Interior y Justicia de que más de 20% de los delitos son cometidos por integrantes de los cuerpos policiales, son evidencias palpables de las razones del desprestigio policial y judicial en el país y la entidad.

Consideramos que la depuración policial y la mejora en las actuaciones de las Fuerzas Policiales de la entidad, sólo será posible en la medida en que se combata la impunidad y se enfrente a factores de poder que bloquean las iniciativas de cambio. No que se emprenda contra las organizaciones de DDHH que cumplen con su papel de monitorear, denunciar y proteger legítimamente los DDHH de toda la población, en particular las violaciones al derecho a la vida.

Las organizaciones de DDHH del estado Lara avalamos la trayectoria y seriedad demostrada por PROVEA y ratificamos el contenido de su Informe Anual porque refleja la realidad de la inseguridad que vive nuestra población. Exigimos respeto por parte de los responsables de los cuerpos policiales y alertamos sobre el riesgo de estas descalificaciones que suelen ser preludio de posteriores ataques.

¡DEFENDAMOS EL DERECHO A LA VIDA DE TODA LA POBLACIÓN¡

¡NO A LA VIOLENCIA Y A LA IMPUNIDAD¡

OBSERVATORIO DE DDHH DE LAS MUJERES DEL ESTADO LARA
COMITÉ DE VICTIMAS CONTRA LA IMPUNIDAD
CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS DE LA UCLA
CENTRO GUMILLA

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