Hablar de retos para el movimiento social en Venezuela en relación con los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), resulta en este momento particularmente importante. En primer lugar, porque debemos reconocer que haber llegado al grado de polarización política y social en el que nos encontramos hoy, caracterizado por la fragilidad de las instituciones democráticas y un evidente peligro de ruptura del hilo constitucional, no es más que una consecuencia directa de haber pretendido por años, construir democracia desde una óptica no inclusiva, es decir, al margen de las necesidades de los sectores mayoritarios de la población, y de la propia vigencia de los derechos humanos y especialmente de los Desc.
La democracia inclusiva y su relación con la vigencia de los derechos humanos, se convierte entonces en un tema central en la coyuntura actual en la que la gran mayoría de la población está interesada en lograr una salida en paz, pero también con justicia social. Lamentablemente, la enorme crisis política ha invisibilizado de alguna manera la verdadera raíz del problema y ha hecho latente el peligro de imponer salidas al margen del Estado de Derecho. Es por ello, que es necesario insistir y llamar a debatir y dialogar sobre cómo abordar la solución de la crisis política, sin dejar al margen las propuestas que apunten a encarar la solución de los problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social que genera el modelo económico y social que impera en el país.
Una base de contenido para cualquier salida en este momento pasa por evidenciar y sobre todo procurar hacer efectiva, la relación entre derechos humanos, democracia y desarrollo humano sostenible, relación que ya nadie pone en duda. En este sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en ocasión de la presentación de los programas sobre desarrollo del Pnud, afirmó que “El progreso duradero depende del respeto de los derechos humanos y de la participación efectiva de los ciudadanos en los ámbitos públicos. No obstante, sabemos que la democracia y los derechos humanos no podrán hacerse realidad sin justicia social y desarrollo sostenible. La pobreza priva a millones de personas de sus derechos fundamentales. A su vez las sociedades se privan de la contribución de esas personas. Para lograr el progreso sostenible es necesario reconocer la interdependencia entre el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la democracia”.
Nos encontramos en una circunstancia que nos obliga a actuar con rapidez para evitar el cierre definitivo de los espacios de diálogo y las salidas extremas en las que la vigencia de los derechos humanos tiende a ser vulnerada irremediablemente, como se evidenció en el pasado mes de abril. El modelo de sociedad al que aspiramos debe estar basado en el pleno disfrute de los derechos humanos por la mayoría de la población, en tanto éstos constituyen la concreción de la dignidad humana. Si ellos se convierten en la base de las políticas gubernamentales se evitará la exclusión social que tan altos niveles alcanzan hoy en el país. Si se respetan sus principios de equidad, universalidad y no discriminación, esta situación podrá ser revertida.
Sin embargo, debemos ser realistas, la plena vigencia de los Desc es contraria al modelo económico prevaleciente en la actualidad. Es por ello que debemos auspiciar una conducta de participación y control social en la elaboración de políticas públicas, que reviertan la tendencia actual de la administración pública a soslayar con el discurso los vacíos que ciertamente existen en el plano de la ejecución. No basta con el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución, ni sólo una mayor asignación al presupuesto social. Es necesario que la acción estatal produzca resultados sostenibles en el tiempo, para lo cual el monitoreo social constituye una estrategia fundamental.
Ana Barrios
