Este lunes 22 de marzo, día en que escribo estas reflexiones para Lectores en Acción, estaba previsto, según algunos de sus voceros, un paro de transporte “contra la inseguridad”. La ciudadanía está cada vez más expuesta a aumentar las estadísticas de la violencia cotidiana y, en particular, los transportistas y usuari@s.
Por tanto, una interpretación que pudiere darse al llamado de uno de los directivos del Comando Intergremial Nacional, quien señalaba ayer en ÚN: “La razón principal de nuestra protesta es la inseguridad y por esta razón invitamos a los usuarios a que se sumen a la jornada porque elos también son víctimas del hampa”, puede ser que tales acciones pretenden defender el vulnerado derecho a la integridad física y a la vida.
El Gobierno, en lugar de responder con políticas eficientes a esas demandas, ha intentado satanizar tales propuestas y convencernos de que se trata de “guarimberos y desestabilizadores”. Dijo que sacaría a la calle a la Guardia Nacional para que paradójicamente proteja a “uso” de “otros”, sin percatarse de que somos “los unos y los otros” los afectados.
Independientemente que opinemos que los paros como estrategia de lucha por los derechos deben ser vistos con mucha cautela, el derecho a la protesta por medios pacíficos no puede criminalizarse con el eterno ritornelo polarizante de la “desestabilización”.
Dentro del escenario cada vez más frecuente donde “disentir” usando los mecanismos constitucionales es criminalizado, me pregunto: ¡cómo podemos los ciudadanos defender los derechos a la integridad física y la vida si su defensa, incluso cuando es pacífica, tiende a tildarse de “desestabilizadora”?; ¿cómo el Estado garantizará la vida e integridad física de los transportistas y usuari@s si no podemos ejercer la democracia participativa y protagónica para incidir en la política de seguridad ciudadana?
María Pilar García-Guadilla
Profesora e investigadora de la USB, habitante de Santa Fe
Fuente: Últimas Noticias, 25 marzo 2010, pág 8
