El gobierno venezolano acaba de sufrir una derrota en el seno de la XL Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizada en Lima, Perú.
Pretendió imponer una resolución mediante la cual se establecerían mayores obstáculos a la participación de la sociedad civil en los espacios de la OEA y en las cumbres presidenciales. Su propuesta produjo un rotundo rechazo de las organizaciones sociales del norte, centro, el Caribe y Sur América. Igual ocurrió con el rechazo de los Estados. Países como Brasil, Argentina, Guatemala, Perú, México, Chile, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos, expresaron de manera categórica que era importante garantizar de manera efectiva la participación de la sociedad civil y que abrir espacios a las organizaciones es un asunto relacionado directamente con la democracia. Otros como Ecuador, Uruguay, Paraguay y los países del Caribe, tampoco acompañaron a la delegación venezolana en su propósito.
Algunas organizaciones sociales no ocultaron su decepción. No se explicaban cómo un gobierno que alardea de promover la participación popular y que reivindica la democracia participativa, se empeñaba en obstaculizar la participación popular en los espacios de la OEA.
Cada día es mayor la cantidad de organizaciones de mujeres, de desarrollo, de derechos humanos, sindicales y de otra naturaleza que analizan con sentido crítico lo que ocurre en Venezuela y las políticas que lidera el presidente Chávez. En el pasado reciente, los reiterados ataques a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el desacato de las medidas cautelares, decisiones y sentencias del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, motivaron el pronunciamiento de cientos de organizaciones de derechos humanos de norte a sur del continente.
La creciente criminalización de la protesta social en Venezuela y el encarcelamiento de sindicalistas como es el caso de Rubén González, inducen a múltiples interrogantes en organizaciones vinculadas a las luchas laborales en distintos países.
No comprenden cómo un gobierno que se proclama socialista utiliza el sistema de justicia para pretender acallar las voces de sectores populares que se movilizan exigiendo sus derechos. Organizaciones con larga trayectoria promoviendo y defendiendo los derechos de los más desposeídos y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos rechazan que el gobierno de Venezuela criminalice las organizaciones que realizan ese mismo trabajo en el país y que no abra espacios para el diálogo y para la búsqueda de acuerdos que permitan mejorar la situación de los derechos humanos en el país. No hay duda de que cada día es mayor el número de organizaciones progresistas en el continente que van perdiendo su esperanza y simpatía con el gobierno venezolano. Parece que la aparente baja de popularidad del Presidente en el país trasciende las fronteras. No nos alegra esta situación pues conocemos de la gran esperanza que muchas de estas organizaciones cifran en el proceso político que lidera el presidente Chávez.
Ajá!!! muy bueno…Bien por PROVEA