Por Andrés Cañizalez
¿Cómo hacen oír su voz de protesta los pobres en Venezuela? No hace falta ningún tratado sociológico para constatar que la mayoría de protestas como cierre de calles, toma de edificaciones públicas o concentraciones públicas y el extremo de las huelgas de hambre, tienen como protagonistas a vecinos, trabajadores o estudiantes.
Dichas manifestaciones pacíficas, generalmente suceden una vez que los afectados han recorrido sin éxito el calvario de los procedimientos establecidos, y la respuesta estatal ha brillado por su ausencia.
Claro, muchos podrían argumentar que no sólo podrían esperarse respuestas del Estado, y que esa actitud es alimentada por el populismo del actual gobierno.
Pero tampoco puede obviarse un asunto central: la responsabilidad es estatal en materias de servicios públicos, y el rol público es ineludible en la asistencia a los más pobres.
Las inmediaciones de entidades públicas que tienen que ver con la vivienda están frecuentemente tomadas por venezolanos sin techo. Incluso hace algunos años unos ciudadanos, en su desesperación, clavaron sus manos en árboles en las inmediaciones de lo que entonces era el Ministerio de Vivienda.
Estas personas llegaron al uso de estos recursos extremos una vez que quedaron hastiados de la falta de respuestas oficiales. O el caso de los enfermeros y enfermeras en reciente huelga de hambre.
Son ejemplos de la multiplicación de la protesta que viene dándose en el país, y que en su gran mayoría encabezan personas que se identifican con el proyecto gubernamental.
El tema, sin embargo, tiene otra lectura si se revisa el minucioso trabajo que vienen haciendo el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y Espacio Público, así como un grupo de investigación ligado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
Se vienen evidenciando tendencias preocupantes en relación con el papel del Estado y aquella protesta popular, que usualmente reivindica derechos. En primer lugar salta a la vista la respuesta de carácter represiva que se está dando.
El Estado es menos tolerante con la manifestación pacífica, y ésta debemos insistir la encabezan hoy venezolanos que se identifican con las banderas del proceso bolivariano.
La represión de la protesta popular es francamente paradójica en una administración que levanta la bandera de defender a los pobres. Y más contradictorio aún resulta el uso desproporcionado de la fuerza y el involucramiento de un cuerpo militarizado como la Guardia Nacional.
El número de lesionados por perdigones, golpes, asfixias y otros maltratos, se ha incrementado en el país. Es lógico, en la medida en que hay más represión de la protesta, aumenta el número de víctimas, de carne y hueso, que reciben castigo por exigir una mejor calidad de vida.
En tanto, la respuesta de entidades como la Defensoría del Pueblo ha sido esporádica, sin que se evidencie una condena tajante ante lo que evidencia un retroceso en materia de derechos humanos en el país.
Silencio también ha guardado la Defensoría del Pueblo en relación con la otra tendencia que cobró vigor en los últimos años. Se trata de la criminalización de la protesta, y no es un aspecto casual o secundario, pues según el registro de Provea y Espacio Público con información del Ministerio Público, decenas de personas están siendo sometidas a procesos judiciales, teniendo como delito el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación.
Cuando se debatía en la Asamblea Nacional la reforma del Código Penal resultó llamativa la crítica que hizo la dirigente chavista Lina Ron, hoy fallecida.
A su juicio, no debía aprobarse un código que castigaba el derecho a manifestar, porque ella autodefinía al movimiento bolivariano «como hijo de la protesta popular», por lo cual era contradictorio que precisamente diputados que se inspiran en este proceso, quisieran poner freno a la expresión.
Este señalamiento puede verse hoy como premonitorio pues cuando se revisa la lista de personas enjuiciadas por protestar, el Código Penal ha resultado el arma legal más utilizada y en la fila de los acusados aparecen, principalmente, personas que políticamente se identifican como chavistas.
No hace falta tener una bola de cristal para pronosticar que la protesta popular continuará ascendiendo durante los próximos meses. La bonanza petrolera, unida a un discurso que promete el reparto de la misma, generan no pocas expectativas, especialmente entre los más pobres.
Las actuales respuestas oficiales, ante la protesta, no son aceptables ni política ni jurídicamente. Abren serias interrogantes sobre cómo se conjugan en nuestro país gobierno y demandas populares, especialmente cuando tanto se habla del socialismo del siglo XXI.
