Luego de cuatro meses de juicio y tres años y medio desde que ocurrieron los hechos, finalmente siete funcionarios de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) de la policía del estado Guárico fueron hallados culpables y sentenciados a 16 años de prisión cada uno por los delitos de homicidio calificado, agavillamiento y uso indebido de armas de fuego. La condena será cumplida en el Internado Judicial de Los Teques, del estado Bolivariano de Miranda. Fue tal el nivel de expectativa que generó este caso, que más de 10 alguaciles debieron cubrir la salida de la jueza, las familias de las víctimas y los fiscales encargados del caso cuando se dictó la sentencia.
Los funcionarios castigados son los responsables de la masacre cometida contra cinco jóvenes guariqueños residenciados en Valle de La Pascua: Jorge Rangel Loreto (22), Arnaldo David Montenegro (23), Charlie Caruso (22), Jhon Jiménez (27) y Engerveer Neira Toscano (34). Además, son culpables de sembrar dolor y temor en decenas de hogares de esta hermosa localidad del municipio Leonardo Infante del estado Guárico.
Desde el año 2002, los integrantes del Comité de Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del estado Guárico y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, han denunciado decenas de casos de detenciones arbitrarias, extorsiones, torturas y asesinatos por parte de efectivos policiales del estado Guárico adscritos a la BIA. De hecho, luego de mil peripecias judiciales, en 2009 el jefe de esta brigada, Wilfredo Febres, fue sentenciado a 23 años de prisión por el asesinato del comerciante Arturo Hernández. Hasta la fecha, unos 15 miembros de la BIA -que funcionó como un grupo de extorsión y exterminio durante el gobierno de Eduardo Manuitt Carpio- han sido condenados a más de 12 años de cárcel cada uno.
Hay que destacar la valentía y constancia de los testigos y familiares de las víctimas para lograr justicia y frenar esta carrera delictiva que mantenía atemorizada a la población del oriente guariqueño. Si la gobernación y las instituciones de justicia hubieran atendido las denuncias realizadas desde los años 2002 y 2003, quizás se hubiesen evitado decenas de abusos policiales, violaciones de derechos humanos y ejecuciones sumarias. Hoy día, el principal responsable de este y otros innumerables crímenes policiales está prófugo, claro testimonio de lo que sucede cuando por encima del respeto a la ética, la legalidad y los derechos humanos prevalecen las alcahueterías políticas.
Empieza a hacerse justicia, pero las familias de las víctimas siguen siendo intimidadas y sufriendo las consecuencias de las acciones criminales de estos supuestos servidores públicos. El daño aún no ha sido reparado. La gobernación, el consejo legislativo, el Ministerio Público y los tribunales de la región deben acelerar las investigaciones, los juicios, las sanciones y depuraciones institucionales para administrar la justicia, sancionar a todos los responsables, indemnizar los daños causados y reconstruir la institución policial como garante de la seguridad y los derechos humanos en el estado Guárico.
Pablo Fernández
Coordinador General
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
