Por Josbelk González Mejías
Decir que la inseguridad ciudadana representa la principal preocupación de las y los venezolanos puede parecer ya un lugar común, puesto que desde finales de los años noventa figuraba entre la primera y segunda inquietud nacional, alternándose con el desempleo; sin embargo, a partir de abril de 2006 se posiciona en el primer lugar hasta la fecha. Una percepción ciudadana que encuentra sustento en indicadores “objetivos de inseguridad” que dan cuenta de una situación crítica, con una tasa de homicidios de 46 por cien mil habitantes para el año 2010.
Al leer la prensa nacional, escuchar los noticieros, o incluso hablar con los vecinos sobre el tema, la ciudadanía se pregunta ¿qué hacer? El elenco de respuestas hasta el momento ha sido marcadamente convencional, partiendo por pequeñas y locales “medidas de seguridad” que van impactando en la cotidianidad y calidad de vida de las personas (regresar más temprano a la casa y permanecer en ella, enrejar puertas y ventas, no salir a ciertas horas o pasar por ciertos lugares), medidas que fragmentan lógicas comunitarias y organizacionales; llegando hasta la creciente y justificada exigencia ante el Estado venezolano para que procure mayores niveles de seguridad.
Esta última es sin duda una dirección acertada. Lo interesante y el reto que tenemos en la coyuntura actual al amparo de las posibilidades, derechos y responsabilidades que consagra nuestro marco Constitucional, es ir más allá. La participación sobre este tema debe comenzar a ser no sólo una posibilidad normativamente contemplada sino una necesidad sentida de cada uno de los venezolanos y venezolanas.
Pero ¿cómo podemos entender la participación ciudadana en el marco de la construcción de mayores niveles de seguridad? En nuestro país, como en muchos otros de la región, se ha recurrido predominantemente a la policía por ser el instrumento institucional inicialmente más evidente. Aun cuando la inseguridad no es un tema meramente policial, su rol no puede negarse y desde el Estado se han ensayado responsablemente desde 2006 una serie de iniciativas coordinadas para adelantar la reforma policial actualmente en marcha.
Una tarea pendiente es comenzar a construir una matriz de opinión ciudadana y comunitaria que refuerce la importancia de la denuncia. Son harto conocidas las referencias de especialistas que nos indican que la desatención y falta de resultados frente a las denuncias interpuestas es una de las principales causas del bajo nivel de reporte. La respuesta institucional es otro de los elementos que debe trabajar con fuerza el Estado. No obstante, como ciudadanos si deseamos comenzar a cambiar la situación, debemos ejercer la denuncia también como una forma de presión y mecanismo que permite visibilizar la situación más clara y oficialmente.
Pero, ¿además de la denuncia como ciudadanas/os qué podemos hacer en el ámbito policial? Llama la atención la escasa vinculación que tanto funcionarios policiales como ciudadanos encuentran con oportunidades de participación en esta esfera. Ya los estudios realizados por la Conarepol apuntaban en esta dirección cuando en el marco del diagnóstico realizado se preguntó a funcionarios y funcionarias policiales sobre la mejor forma de rendir cuenta de su desempeño. De entre el conjunto de respuestas sólo el 16,2% de los funcionarios/as policiales identificó el “informar a los ciudadanos sobre procesos disciplinarios”. Mucho menor fue la respuesta que concentraron alternativas como “permitir la opinión ciudadana sobre procesos disciplinarios” (7%) e “inicio/supervisión ciudadana procesos disciplinarios” (5,4%) . Los ciudadanos por su parte parecen identificar también pocas oportunidades de participación. En el estudio del CES sólo 16,86% de los consultados identifica claramente como necesaria la organización comunitaria para controlar la inseguridad y más de la mitad (68,84%) considera que los policías son los únicos responsables de controlar la inseguridad.
Desde el Consejo General de Policía se vienen adelantando esfuerzos para lograr modalidades participación ciudadana que colaboren a la plena vigencia y consolidación del nuevo modelo policial. Así, en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, y en la Ley del Estatuto de la Función Policial se establece la figura de los “Comités Ciudadanos de Control Policial” (CCCP) instancia de participación y contraloría externa a los cuerpos de policía que aspira a un carácter plural, participativo, transparente, responsable y orientado por el conocimiento social informado. Se precisa que en la cabeza de cada jurisdicción donde funcione un cuerpo de policía estadal o municipal, y a nivel de cada uno de las entidades federales donde se despliegue el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, deberá funcionar un CCCP integrado por cinco personas residentes en cada jurisdicción político-territorial elegidos y elegidas por los consejos comunales y otras formas de organización y participación comunitaria y social. Su responsabilidad radica en hacer seguimiento del desempeño policial en la correspondiente jurisdicción en cuanto a gestión administrativa, funcional y operativa, conforme a los reglamentos, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos vigentes, a fin de contribuir al cabal desempeño de la Función Policial (artículo 84 del la Ley del Estatuto).
Según lo dispuesto en el artículo 87 del mismo cuerpo normativo, estas instancias de control externo prestarán particular atención a la observación y mejoramiento de los procesos disciplinarios por faltas policiales, a denunciar la corrupción y la desviación y abuso de poder, contribuyendo con el mejoramiento de la prestación del servicio de policía, desestimulando el uso de la violencia privada y la aplicación de la justicia por la propia mano, y, en general, a incrementar la eficiencia y eficacia del servicio policial dentro del marco de protección de los derechos y garantías constitucionales.
Los CCCP previstos en el nuevo modelo, constituyen una mecanismo de control externo permanente a los cuerpos de policía en el ámbito público no estatal, de carácter especializado por buscar desarrollar la supervisión sobre la función policial propiamente sobre la base de la construcción de conocimiento social informado que tiene como parte de sus propósitos reducir la mala conducta policial especialmente hacia la ciudadanía, y mejorar su eficiencia.
La ciudadanía tiene entonces ante sí el reto de la participación, y cuando lo asume es posible advertir las particularidades y tareas que entraña: de una parte superando lo meramente discursivo requiere compromiso, conocer la propuesta del nuevo modelo de policía e implicarse en el proceso de control externo de su actuación. Por el otro comenzar a delinear mecanismos de participación inéditos que buscan superar miradas delegativas de la función de seguridad y dar cabida a una actuación que trascienda al informante clave, a la denuncia, para potenciar el carácter preventivo que como mecanismo de control puede desde las comunidades favorecerse y así consolidar la apuesta de 80% de los caraqueños y caraqueñas que afirman que es posible controlar la delincuencia y la inseguridad en su comunidad.
