Recientemente fue presentado en Buenos Aires (Argentina) un interesante informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, cuyo objetivo primordial es analizar esta problemática y formular recomendaciones a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas para la prevención y el control de la criminalidad y la violencia. Dicho informe es producto de la iniciativa de numerosas organizaciones sociales de la región, elaborado por especialistas en el área y bajo el auspicio de la Unicef, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
Según el informe, la seguridad ciudadana es «una de las dimensiones de la seguridad humana y, por lo tanto, del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores, entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados».
El informe da cuenta de los altos índices de criminalidad que azotan a la región, en la cual los jóvenes resultan el grupo más afectado como víctimas y victimarios. Destaca que la delincuencia ha desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población en América, países en los cuales el poder judicial, el ministerio público, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y de represión legítimas del crimen y la violencia.
El enfoque del informe apunta a que se comprenda que no puede haber políticas públicas en materia de seguridad ciudadana sin una vinculación explícita con los derechos humanos, aclarando que «si bien el derecho internacional de los derechos humanos no define en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, los Estados se encuentran obligados por un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas». Para lograr esto, es imperativo superar dificultades que se verifican, especialmente, en las siguientes áreas temáticas: (1) atención a las víctimas de la violencia y el delito; (2) privatización de los servicios de seguridad; (3) gobernabilidad de la seguridad ciudadana; (4) profesionalización y modernización de las fuerzas policiales; (5) intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
Sin duda, este documento trae un aporte sustantivo que, bien valorado, aportará mucho a los actores responsables de elaborar las políticas de seguridad ciudadana que Venezuela está necesitando.
Pablo Fernández Blanco
Coordinador General
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
