La Organización Mundial contra la Tortura, a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y de sus campañas urgentes, así como Amnistía Internacional han mostrado preocupación en seis oportunidades durante el año 2010 por agresiones, ataques, acciones de hostigamiento contra defensores de derechos humanos y por el asesinato de un familiar de víctimas de grupos parapoliciales en el país.
Los últimos dos pronunciamientos sobre el tema de defensores de derechos humanos por estos organismos internacionales los han realizado en el mes de julio y han denunciado dos situaciones: la primera relacionada con Víctor Martínez, fundador del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara y conductor de un programa de opinión, y la segunda sobre el hostigamiento a organizaciones no gubernamentales por el financiamiento de sus actividades.
Amnistía Internacional recibió información de que Víctor Martínez, padre de Mijaíl Martínez, defensor de derechos humanos integrante del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara, quien fue asesinado en noviembre de 2009, sufrió un ataque mientras repartía volantes denunciando la impunidad en la cual se encuentra el caso de su hijo. Una persona desconocida se le acercó para indicarle que no podía repartir volantes en la zona donde se encontraba y minutos después derribó a Martínez al suelo, donde le dio varios golpes.
Amnistía Internacional expresó, en una acción urgente, que teme que la reciente agresión contra Víctor Martínez represente un indicio de que aún se encuentra en situación de riesgo, al parecer, por su labor en defensa de los derechos humanos y por la lucha contra la impunidad en la cual se encuentra el caso de su hijo Mijaíl Martínez. Por lo que este organismo indicó que Martínez, su familia y colegas corren peligro de sufrir nuevas agresiones.
Mijaíl Martínez era estudiante de cine y activista del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara y falleció por heridas de arma de fuego que le propinaron sujetos desconocidos a las afueras de su vivienda ubicada al oeste de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Esto ocurrió el 26 de noviembre de 2009.
Martínez, conjuntamente con su padre, en diversas ocasiones denunció ante el Ministerio Público y en medios de comunicación la existencia de ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones forzadas y otros delitos graves contra los derechos humanos en el estado Lara.
Por otro lado, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, impulsado por la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, mostró preocupación por las campañas de agresión contra la sociedad civil, particularmente contra organizaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad.
Esto fue difundido en una acción urgente, en la cual se informó que estas organizaciones fueron calificadas como «ejecutores de instrucciones del extranjero» y como «agentes desestabilizadores del régimen» por el hecho de recibir fondos de cooperación internacional para sus actividades en la promoción y protección de la libertad de expresión.
En este sentido, el Observatorio condenó el hostigamiento judicial contra las organizaciones y recordó el artículo 13 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998: «Toda persona tiene derechos, individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Resguardo para activistas y defensores
La Organización Mundial contra la Tortura con la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos creó en 1997 el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Esto con el objetivo de brindar protección a aquellos defensores y activistas en situación de riegos, a través de diversas vías: 1) Llamados urgentes, comunicados de prensa o emisión de caratas a autoridades, 2) Investigación en los diversos lugares donde se evidencian ataques contra defensores y promoción de mecanismos internacionales, regionales e intergubernamentales para generar garantías en el trabajo de estos activistas y 3) Elaboración de informes anuales con un balance de la labor de los defensores de derechos humanos para movilizar a la opinión pública mundial.
Amnistía Internacional también posee una red de acciones urgentes relacionadas con defensores de derechos humanos en peligro, que se activa el envío de miles de cartas y correos que presionan a las autoridades de los países donde habitan estas personas en riesgo. Y según estadísticas reveladas por este organismo, gracias a estas acciones en una tercera parte de los casos se ha producido una mejora en la situación de las personas afectadas.
Envíenos su comunicación
Queremos animarles a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas y denuncias:
Por teléfono 0212-572.96.31, fax 0212-572.99.08; correo electrónico a [email protected] o a través de una carta: Esq. Candilito, Edif. El Candil, piso 1, Ofic. 1-A, La Candelaria, Apartado 16150 Caracas 1011-A.
