El 3 de septiembre debió tener lugar la audiencia de juicio para resolver el caso de Rubén González, secretario general de Ferrominera. Ese día debió haberse producido la primera sentencia penal en el país, por la participación de un dirigente sindical en un conflicto laboral. Pero el suspenso sigue: no hubo sentencia, la audiencia prevista para el viernes pasado ha sido diferida para el 4 de noviembre, si acaso. Y mientras tanto Rubén González sigue preso.
¿Qué podemos pensar de toda esta historia? ¿Qué pasa en este país, que se ha envenenado tanto, que ahora por protestar te pueden dar el trato de un delincuente, así hayas sido honorable toda tu vida?
Lo primero que viene a la mente es el reflejo miope que todos vamos desarrollando a medida que la crisis se instala y nos invade: ¿asaltaron a fulano y le quitaron los reales y lo amenazaron de muerte? ¡Qué tipo tan sortario, fíjate que no lo mataron! ¿No sentenciaron a Rubén? ¡Qué suerte tuvo, porque lo hubieran podido haber condenado!
Pero después no podemos evitar una reacción de rabia. ¿Quién le devuelve a Rubén esos meses de vida perdidos en un cautiverio inútil e infamante? ¿Con qué derecho se le mantiene ahora en prisión sin un pronunciamiento sobre su caso? Sine diae, además, porque nadie asegura que su calvario terminará el 4 de noviembre, pues ya había habido un primer diferimiento y no hay razón para pensar que no habrá otro u otros. ¡Rubén puede morirse de viejo esperando su sentencia!
¿Qué ocupaciones preferentes pudo tener el Tribunal para elegir dejar preso a Rubén, sin decisión? Este es un caso de máxima importancia y el Tribunal lo sabe. Está en juego la libertad de un ciudadano, de un dirigente sindical, que por tanto tiene amparo constitucional. Pero además está en juego la situación de más de un centenar de trabajadores y dirigentes, procesados como Rubén, por protestar, y atentos a la sentencia que le dicten, pues a ellos les puede ser aplicada la misma medicina. Que nadie se llame a engaño a este respecto. La gran diferencia que distingue a Rubén es que a él lo han juzgado en la cárcel.
Pero no sólo está en juego la situación de ciudadanos por haber protestado. También lo está la imagen del Estado, que parece no tolerar el ejercicio de libertades públicas. Y está en situación muy riesgosa la jueza de la causa. Una decisión absolutoria puede hacer pensar en el caso de la jueza Afiuni. Una decisión condenatoria puede generar insolubles problemas de conciencia. Y todo el cuadro debe significar un drama para la defensa, por la impotencia en que se le coloca, que ni siquiera puede obtener para su cliente la libertad condicional que se ha dado a los demás procesados por protestar.
La maquinaria represiva que fue puesta en marcha para criminalizar la protesta, con ayuda de togados, ha ido demasiado lejos y ha terminado entrampando a procesados y funcionarios. Es hora de terminar esta locura, con valentía; de cerrar estos procesos-tramoya, y de que los Rubén-González vuelvan a disfrutar de una paz plena. (Enrique Marín Quijada, Correo del Caroní, http://www.correodelcaroni.com/content/view/161184/149)
